Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron este lunes el conjunto de reformas que prohíben la subcontratación de trabajadores en empresas y que, en su lugar, dan nacimiento a la figura de subcontratación de servicios especializados.

En el caso específico del sector público, la subcontratación de personal también estará prohibida y solo se permitirá la figura denominada obras especializadas en el gobierno.

La reforma también establece sanciones de 2,000 hasta 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a cantidades de 179,240 pesos a 4 millones 481,000 pesos— para las empresas que ofrezcan la subcontratación de servicios especializados sin estar debidamente registradas, así como a las compañías que las contraten.

El dictamen turnado la semana pasada por la Cámara de Diputados fue aprobado —con 25 votos a favor y dos abstenciones— sin cambios por los senadores, al considerar que la legislación servirá para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del país.

Ahora, el dictamen pasará a la Mesa Directiva para que el asunto se someta a la discusión y aprobación en la sesión plenaria.

La reforma modifica diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley de Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación.

En el debate previo a la votación, el presidente de la Comisión del Trabajo y líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, manifestó que la reforma “termina con un modelo perverso e insensible” contra de los trabajadores, ya que la práctica de la subcontrataron de personal o outsourcing ha servido para evadir obligaciones patronales, como unos 50,000 millones de pesos (mdp) por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Asimismo, Claudia Ruiz Massieu —senadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI)— manifestó que la reforma en materia de subcontratación servirá para “subsanar lagunas legales que actualmente existen”; en tanto que el también senador priista y líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, celebró que la reforma haya sido acordada previamente entre representantes del gobierno, del sector privado y de la clase trabajadora.

En tanto, Damián Zepeda —senador por el Partido Acción Nacional (PAN)— lamentó que la reforma permita un periodo de adaptación al gobierno hasta enero de 2022, mientras que las empresas tendrán de plazo de tres meses, por lo que anticipó que su bancada presentará una reserva cuando el tema pase al pleno.

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La reforma establece que las empresas interesadas en ofrecer servicios especializados tendrán que registrarse en un padrón que administrará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para lo cual deberán demostrar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales.

Además, los centros de trabajo —empresas o gobierno— tendrán un periodo de adaptación para absorber como trabajadores subordinados a aquellos que hayan sido incorporados por la figura de la subcontratación de personal, cuando sus funciones formen parte de la actividad principal del establecimiento.

Como se ha explicado antes, la contratación de servicios especializados o de obras especializadas estará permitida únicamente para aquellas tareas que no formen parte de la actividad principal del establecimiento. (Con información de Milenio y el Universal)

GC