La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó al Poder Legislativo no aprobar la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, al considerar que impulsará un cambio de paradigma en el sector eléctrico del país, ya que pretende cambiar el modelo de mercado abierto a la competencia, con la participación de varios actores, a uno que estará más cerrado y dominado por un monopolio, encarnado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Este nuevo modelo que se pretende impulsar “comprometerá el funcionamiento eficiente del sector”, por lo que no habrá energía eléctrica para las necesidades de hogares y empresas que demandan el servicio, refirió el organismo antimonopolios en un comunicado.

“La Cofece advierte que la Iniciativa renuncia de manera tajante al modelo de competencia en la generación y suministro (comercialización) de electricidad, al sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado y operado por un monopolio estatal no regulado, el cual ha sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, incapacidad de atender la demanda, altos costos e impacto negativo en las finanzas públicas”, advirtió la Cofece.

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Estas opiniones fueron remitidas en un documento oficial al Poder Legislativo, en un momento en el que la Cámara de Diputados se prepara para elaborar un dictamen de la iniciativa de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para su análisis y eventual aprobación.

En sus argumentos, la Cofece cuestiona que la iniciativa proponga cancelar todos los permisos de generación de electricidad y permisos de compraventa de energía con el sector privado ya que, de convertirse en una realidad, “se traducirá en una restricción de la oferta, la inutilización de activos y mayores desincentivos a la inversión”.

Si bien el proyecto de ley –que pretende reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales— concede una participación privada de hasta 46% en el sector, la energía eléctrica que produzcan las empresas particulares solamente podrá venderse a la CFE “y en los umbrales, términos y condiciones –aún desconocidos— que esta determine”.

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De esta forma, CFE no solo se convierte en un agente monopólico al dominar la producción, transmisión, distribución y abasto de electricidad en el país, sino que además promoverá un ambiente de monopsonio, ya que será el único comprador de lo que produzcan los privados.

Bajo estas condiciones, CFE monopolizará toda la cadena de valor, advierte el organismo.

En sus comentarios, la Cofece también considera que la iniciativa no garantiza mecanismos para que la electricidad que se distribuya en el mercado nacional sea la menos costosa y la más limpia, ya que al permitir que CFE sea el agente preponderante en el sector, se dará preferencia a sus plantas de generación que ya tienen varios años en funcionamiento y con tecnologías obsoletas.

“Un cambio como el que se propone retrasaría la salida del mercado de las centrales de generación más viejas, contaminantes e ineficientes; asimismo, desincentivaría la instalación de nuevos proyectos que pudieran operar con tecnologías más eficientes y amigables con el medioambiente”, refirió el organismo antimonopolios.

Otro aspecto que también destacó Cofece como preocupante del proyecto de reforma radica en que los organismos reguladores, Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Centro Nacional de Energía (Cenace), se incorporarán al gobierno federal, con lo que dejarán de operar como organismos independientes del Poder Ejecutivo.

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Lo anterior significará “desmantelar el marco institucional que tutela el interés público, trasladando indebidamente a la CFE las tareas regulatorias y de política pública, incluyendo el control y la planeación del sistema eléctrico, así como la determinación de tarifas”.

Por lo anterior, la Cofece insistió en que el proyecto de reforma presidencial en materia eléctrica no debe aprobarse, ya que provocará “un aumento de costos de la cadena de valor de la industria eléctrica, lo que provocaría un aumento de tarifas que lesionaría el bienestar de los consumidores y la posición competitiva de las empresas”.

Pero además, las finanzas públicas también resentirán un daño al “subsidiar un servicio público ineficiente”.

GC