En la mayor parte del país no existen condiciones de competencia efectiva en lo que se refiere al servicio de distribución de gas LP a los hogares, lo que genera un perjuicio a la economía de las familias, determinó de manera preliminar la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Luego de hacer una investigación, el organismo antimonopolios encontró que existen indicios de prácticas anticompetitivas en 213 de los 220 mercados geográficos en los que se ha dividido el país, para efectos de la distribución de gas LP, lo que incluye tanto a las pipas que abastecen a tanques estacionarios, así como a los camiones repartidores de cilindros.

Entre diciembre de 2016 y abril de 2021, las empresas distribuidoras de gas LP aumentaron 145% su margen de ganancia bruta en promedio a nivel nacional, resultado de una serie de condiciones como una “elevada concentración” de empresas participantes en varios mercados regionales, explicó Cofece.

“La declaratoria resulta relevante porque los mercados energéticos, como el del gas LP, tienen un efecto transversal en la economía, lo que implica que cuando sus precios suben aumentan los costos para producir otros bienes, por ejemplo, algunos alimentos, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de las familias, en especial las de menores ingresos”, explicó Cofece en un comunicado, para dar a conocer el resultado del dictamen preliminar de su investigación.

El organismo antimonopolios encontró que en la mayoría de los mercados regionales existen pocas empresas distribuidoras de gas LP, lo que genera una amplia concentración; así como la presencia de “barreras” para que potenciales competidores ingresen a esos mercados, tales como altos costos de inversión para instalar una planta y adquirir vehículos repartidores.

Además, el retorno de inversión para los nuevos operadores oscila entre tres y 10 años.

Otro problema detectado por Cofece consiste en la presencia de barreras regulatorias, ya que los competidores potenciales deben cumplir con varios trámites y requisitos ante un mínimo de cinco diferentes autoridades federales y locales, tales como las secretarías de Energía (Sener) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

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El cumplimiento de dichos trámites requiere tiempo y esfuerzos que complican la obtención de permisos correspondientes.

Pero también existen otros factores relacionados con prestadores de servicios informales, como “comisionistas”, supuestos sindicatos y agrupaciones no reguladas que impiden la participación de competidores en la distribución de gas LP en zonas geográficas específicas, como es el caso de varias colonias de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Todo lo anterior impide un funcionamiento de competencia efectiva en la distribución de gas LP.

Una vez que se ha publicado el dictamen preliminar de la investigación de Cofece, las empresas o personas interesadas en el servicio de gas LP podrán presentar en el organismo los argumentos que a su derecho convengan, en aras de que el organismo libere una resolución final.

En caso de que se confirme la determinación preliminar sobre falta de condiciones de competencia efectiva, Cofece hará una declaratoria definitiva respecto a la ausencia definitiva de condiciones de competencia en el mercado de gas LP e informará a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que esta instancia –que supervisa a la industria energética del país— establezca disposiciones que considere convenientes, como establecer regulaciones de contraprestaciones, precios o tarifas.

GC