Algunas de las iniciativas de reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante el Congreso de la Unión, para su análisis y eventual votación, podrían inhibir la inversión, alertó Grupo Financiero BASE.
En un análisis, la institución financiera abundó que, en caso de que los legisladores avalen la propuesta del ejecutivo para prohibir el fracking o para devolver a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica, limitarán la llegada de nuevas empresas al país, en medio del fenómeno del nearshoring.
Igualmente, obstaculizarán el potencial crecimiento económico país.
Banco BASE agregó que otros planteamientos del gobierno implican una mayor presión para las finanzas públicas, como garantizar atención médica integral y gratuita a la población, garantizar vivienda de los trabajadores y la intención de revertir las reformas a las pensiones aprobadas en 1997 y 2007.
“No queda claro de dónde provendrán los recursos para ejecutar estas iniciativas en caso de ser aprobadas y en específico para las pensiones, el fondo propuesto apenas representa el 4.4% del gasto programado para el 2024 en pensiones contributivas y para efecto de dimensionar el monto, si el fondo se repartiera entre los trabajadores afiliados al IMSS cada uno recibiría cerca de 2,900 pesos”, resaltó.
El grupo financiero acentuó que las presiones para las finanzas públicas podrían poner en riesgo la calificación crediticia.
Cabe mencionar que, el año pasado, el déficit presupuestario fue el mayor como proporción del PIB desde 1989.
“Y para 2024 se tiene contemplado un déficit de 4.9% del PIB, el mayor desde 1988, con un gasto social (pensiones contributivas, no contributivas y otras transferencias) equivalente a 24% del presupuesto total del gobierno, muy por encima del 14% del último año de la administración pasada”, resaltó BASE.
Respecto a las reformas al poder judicial, la institución advirtió que implican un riesgo de deterioro en la gobernanza del país.
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La iniciativa de AMLO en esta materia plantea que la elección de jueces, magistrados y ministros se haga por voto popular. Además, establece la elevación a grado constitucional el que ningún servidor público pueda ganar más que el presidente.
Asimismo, propone la eliminación de organismos autónomos y la adjudicación de sus responsabilidades al gobierno federal.
“Es poco probable que las iniciativas sean aprobadas durante la actual legislatura, por lo que son vistas como una maniobra política con fines electorales, así como para marcar la agenda política al inicio del próximo sexenio”, concluyó.
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