El Consejo Empresarial Mexicano (CEM) se manifestó en contra de la reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que pretende regresarle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el carácter de “empresa pública”.
En un posicionamiento, el organismo empresarial resaltó que la empresa no ha demostrado su eficiencia operacional, además de que es “altamente contaminante y miope ante las alternativas que ofrecen fuentes de energía renovables, más baratas y accesibles provenientes de la naturaleza como el viento y la energía solar”.
En ese sentido, apuntó que insistir en que se le debe proteger, “es una postura insensata y sin sustento”.
“Sólo deja ver intereses mezquinos de gobierno, peor aún en el umbral del periodo electoral más importante del país, perdiendo legitimidad una propuesta de reforma con intenciones que favorezcan realmente al país y sus habitantes”, señaló.
Para el CEM, asegurar la estabilidad, suficiencia y autonomía energética del país, “no es un asunto de política para fortalecer las capacidades del Estado y menos de las empresas públicas como la CFE”.
Se trata, dijo, de “un tema de análisis acucioso y serio de los especialistas para reconvertir un sistema que no ha funcionado, ni funcionará si no se incluyen en la ecuación energías renovables, limpias y más baratas como generadores”.
Abundó que el objetivo es beneficiar a las familias mexicanas y los negocios con tarifas económicas, sin importar quien venda la energía, “y en ese sentido el papel de la CFE es irrelevante porque sólo debe ser un medio, no un fin para lograrlo”.
“El CEM coincide de que la energía es el motor que impulsa la vida humana, nuestra industria y nuestra economía, siendo un elemento estratégico para el desarrollo, la seguridad y la sostenibilidad de nuestro país; por lo que la soberanía energética, garantiza el acceso a recursos energéticos, pero pensamos que lo más importante es que la electricidad sea barata y de calidad en beneficio directo de los mexicanos”, resaltó.
Agregó que el punto neurálgico que permitiría mantener la soberanía energética no se centra en fortalecer la producción de la entidad pública responsable, sino garantizando -a través de la nación- que la transmisión y distribución sea de calidad con infraestructura robusta, de actualidad y suficiente.
Lo anterior, aprovechando la generación de mejores, más baratas y más eficientes fuentes alternas, que, gracias a la tecnología, ya no es la que se obtiene de combustibles fósiles”.
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En ese sentido, reiteró que el papel del Estado en sectores estratégicos como el de energía eléctrica es establecer una regulación clara y equitativa, así como vigilar que no se monopolice garantizando su acceso a toda la población, “dejando que los expertos en generación aporten para su mejor aprovechamiento las fuentes y se transformen, siendo el estado quién la transfiera y distribuya con la infraestructura y tecnología a su alcance para que llegue a buen precio al consumidor sea doméstico o comercial”.
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