México debe reducir su déficit fiscal, estabilizar la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB) e impulsar la inversión pública y privada para conservar el grado de inversión y evitar nuevos deterioros en su calificación crediticia, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su análisis económico semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en México señaló que el país no enfrenta un escenario inminente de pérdida del grado de inversión, aunque necesita fortalecer sus fundamentos macroeconómicos para estabilizar la deuda y reducir el déficit público.

Entre los factores que presionan las finanzas públicas, el organismo identificó el crecimiento del gasto por encima de los ingresos, el bajo dinamismo económico y los recursos destinados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Estas presiones forman parte de los factores que explican los ajustes recientes en la evaluación del riesgo soberano de México. Entre abril y mayo de este año, S&P Global Ratings mantuvo la calificación del país en BBB, pero cambió su perspectiva de estable a negativa; Moody’s Ratings redujo la nota de Baa2, con perspectiva negativa, a Baa3, con perspectiva estable, mientras que Fitch Ratings la bajó de BBB a BBB-, el último escalón dentro del grado de inversión de esa agencia.

El CEESP explicó que uno de los factores detrás de estas evaluaciones es el deterioro de las cuentas públicas, debido a que los gastos crecen más rápido que los ingresos y obligan al gobierno a contratar más deuda.

A lo anterior se suma que México ha registrado un crecimiento económico promedio anual inferior a 1% durante los últimos siete años, lo que también afecta las fuentes de recaudación.

Otro factor es el apoyo financiero a Pemex. Aunque existe el compromiso de que la empresa deje de requerir estos recursos a partir de 2027, el presupuesto para ese año contempla más de 81 mil millones de pesos para la petrolera, de acuerdo con el análisis del organismo.

El aumento del endeudamiento también se refleja en el costo de los intereses. Según las estimaciones del Paquete Económico para 2027 citadas por el CEESP, el servicio de la deuda representará 4% del PIB, su nivel más alto desde 1990. Además, el pago de intereses equivaldrá a 17.8% de los ingresos totales del gobierno al cierre de 2026, dos puntos porcentuales por encima del nivel de 2025.

El organismo destacó que esta proporción supera los niveles previos a la pandemia y se encuentra por encima de la registrada en la mayoría de los países con una calificación soberana equivalente a la de México.

Ante dicho panorama, consideró necesario estabilizar la relación entre la deuda y el PIB y señaló que, de acuerdo con la experiencia internacional, es deseable mantenerla por debajo de 60%. Como referencia, mencionó que Brasil perdió el grado de inversión después de superar ese umbral.

De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda neta de México se proyecta por debajo de 56% del PIB en 2031, lo que supone una estabilización de este indicador en los próximos años. Sin embargo, tanto el FMI como Fitch Ratings consideran que el país necesita un déficit fiscal de aproximadamente 2.5% del PIB para estabilizar la trayectoria de la deuda, nivel que no se observa en las proyecciones de la Secretaría de Hacienda dentro de su horizonte de análisis del Paquete Económico 2027.

Para el CEESP, reducir el déficit es fundamental para contener el endeudamiento, pero también es necesario impulsar el crecimiento económico mediante una mayor inversión pública y privada.

El organismo sostuvo que esta medida es crucial en el corto plazo, independientemente de si resulta necesaria una reforma fiscal, pues permitiría recuperar y elevar el crecimiento en el corto, mediano y largo plazos, además de fortalecer las finanzas públicas.

Según el Centro, México también cuenta con fortalezas que pueden contribuir a mantener y mejorar su calificación crediticia, entre ellas el acceso preferente al mercado estadounidense y la independencia del Banco de México (Banxico).

Por otro lado, apuntó que el acuerdo comercial con Estados Unidos es un factor clave para el comercio, la inversión y la actividad industrial, mientras que la autonomía del banco central contribuye a anclar las expectativas de inflación y preservar la estabilidad macroeconómica.

Cabe mencionar que México cuenta con grado de inversión de las tres principales agencias calificadoras desde hace casi 25 años. Moody’s Ratings otorgó esta categoría en marzo de 2000, mientras que Fitch Ratings y Standard and Poor’s (S&P) lo hicieron en enero y febrero de 2002, respectivamente. El país alcanzó su mejor posición entre 2014 y 2018, cuando se ubicó tres escalones por encima del mínimo requerido, pero durante los últimos ocho años ha registrado recortes graduales en su calificación.

El CEESP advirtió que conservar el grado de inversión es relevante por los beneficios financieros que representa, ya que constituye una señal de confianza en la capacidad de un país para cumplir sus compromisos de deuda.

Mantenerlo, dijo, permite acceder a tasas de interés más bajas, ampliar el acceso a los mercados internacionales de capitales, reducir los costos de financiamiento de las empresas, favorecer la estabilidad cambiaria y atraer inversión extranjera.

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