El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su rechazo al “reiterado ataque a la autonomía de los órganos reguladores en materia energética (que) puede abrir la puerta a la politización de las tarifas de energía y a una indebida concentración del poder dentro de la Secretaría de Energía“.
En un comunicado, el sector patronal condenó la aprobación en el Senado de una modificación al artículo 33, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que permite a la Secretaría de Energía coordinar con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica.
En ese sentido, el CCE puntualizó que lo aprobado por los senadores y que llega como minuta a San Lázaro, vulnera el artículo décimo transitorio, inciso c, de la Reforma constitucional de 2013, que otorga a la CRE la facultad exclusiva de determinar las tarifas.
“Hacemos un enérgico llamado a la Cámara de Diputados a corregir esta disposición, aprobada sin debate en el pleno del Senado. Asimismo, llamamos a las próximas autoridades de Energía, a dialogar a profundidad con el sector privado, a fin de evitar acciones que dañen la certidumbre jurídica, la confianza y las posibilidades de inversión en un área clave para el desarrollo futuro de México”, exhortó el CCE.
Además también subrayó que la presunta presión del próximo gobierno a los comisionados de la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos para obtener sus renuncias, apunta a una concentración de poder en el Ejecutivo que no es saludable para el sector.
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El CCE puntualizó que ello es preocupante, porque la autonomía de los reguladores es pilar para el desarrollo eficiente del sector energético; y a la fecha una “regulación efectiva” se ha traducido en mayor competencia en el sector energético, eficiencia en los mercados, calidad de los servicios, más inversión y menores costos de aprovechamiento de los recursos naturales.
“La autonomía de los reguladores permite que sus acciones privilegien el interés público frente a los intereses particulares, de orden político o económico. Su mandato de largo plazo y la estructura colegiada de sus órganos de gobierno fomentan la objetividad y la consistencia de sus decisiones. Pese a los retos que aún tienen los reguladores, su autonomía es un elemento fundamental”, indicó.
