No puede haber una economía próspera si no se respeta la ley ni se protegen la seguridad de los ciudadanos y sus derechos, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresaria (CCE), Juan Pablo Castañón. A través de La Voz del CCE, Castañón aseveró que en México, cuando más necesitamos generar empleos y construir oportunidades de desarrollo para las personas, es fundamental que los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la federación asuman su responsabilidad con la paz y el Estado de derecho en el país. Castañón tomó como ejemplo el caso de Coca Cola-Femsa, que anunció el cierre de un centro de distribución en Guerrero hace dos meses, la empresa Lala se vio obligada a cerrar la semana pasada en Ciudad Mante, Tamaulipas, y en la Mina Dolores, en Chihuahua, ocurrió lo mismo por el asedio del crimen organizado. Recordó que el robo en autotransporte se duplicó en el primer trimestre de este año, con respecto al mismo periodo de 2017, y más de 90 políticos han perdido la vida en el actual proceso electoral. “Esto no puede continuar así”, insistió. En este sentido subrayó que se debe multiplicar el estado de fuerza donde sea necesario y coordinar acciones con las Fuerzas Armadas, cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia. TE PUEDE INTERESAR: Exige Coparmex reforma a la Seguridad Pública También, consideró pertinente avanzar, sin mayor dilación, en la implementación de una fiscalía general autónoma y la formación de ministerios públicos independientes, pues 95% de los delitos cometidos queda en la impunidad y “es el peor enemigo para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos”.
“Necesitamos que los gobiernos asuman su responsabilidad de manera inmediata. Su responsabilidad no se reduce porque haya elecciones ni pueden estar preocupados por otro objetivo que no sea cumplir a cabalidad con todos los mexicanos”, remarcó el presidente de la cupula empresarial.
Castañón además convocó a quienes aspiran a un puesto de elección popular a preparar propuestas realistas, soluciones efectivas y acciones viables para poner fin a la inseguridad, reducir la delincuencia y combatir al crimen organizado y la corrupción.
“La ley no se cumplirá mágicamente en nuestro país; necesitamos medidas concretas y efectivas para lograrlo”, señaló.
En este sentido añadió que el sector privado sabe que no se puede esperar credibilidad en la palabra cuando las propuestas no la respaldan.
“Queremos que los candidatos se comprometan a escuchar a la sociedad y a resolver los problemas que enfrentamos”, adujo.
OC