La Cámara Minera de México (Camimex) hizo un llamado a las autoridades federales para resolver diversos asuntos pendientes que aquejan al sector y que entorpecen su buen funcionamiento, como la huelga de Minera Peñasquito –que tiene más de dos meses— y la liberación de diversos permisos ambientales que se han retrasado.
“Solicitamos a las autoridades competentes colaborar en la solución de la huelga que se ha suscitado en Minera Peñasquito en el estado de Zacatecas. Como representantes de la industria minera responsable en México, externamos nuestra preocupación por el impacto que esta y otras situaciones similares tienen en el empleo, la producción nacional, la confianza de los inversionistas en el país, así como la operatividad de las empresas responsables que cumple a cabalidad con la legislación vigente y los beneficios que se generan en las comunidades mineras”, refirió la Cámara en un comunicado difundido este lunes.
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La huelga estalló a principios de junio en la Minera Peñasquito, de la compañía estadounidense Newmont, como medida de presión del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), que reclama supuestas violaciones a las leyes laborales y al contrato colectivo de trabajo.
La organización obrera, que está encabezada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, también exige que la empresa aumente la participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía de 10% a 20%. Sin embargo, de momento no ha habido una solución para este conflicto.
Los empresarios mineros también piden que las autoridades correspondientes atiendan a la brevedad posible sus solicitudes de permisos ambientales, en aras de echar a andar sus proyectos productivos dentro del ámbito de la ley.
“Reconocemos la importancia de contar con procesos de evaluación y mecanismos de prevención; sin embargo, resulta crucial que la Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) actúe de manera ágil y eficiente en los procesos de evaluación y en la emisión de resoluciones, especialmente cuando las empresas cumplen rigurosamente con los requisitos establecidos por ley”, refirió Camimex.
Los empresarios de la minería hicieron ver que sus solicitudes tienen sustento legal y económico, ya que su producción tiene un valor equivalente a 2.46% del Producto Interno Bruto (PIB) y a 8.63% del PIB industrial. Además, la minería es la fuente de empleo de unos tres millones de trabajadores en el país.
Asimismo, la industria minera está relacionada con 70 ramas productivas, que se abastecen de materia prima para su cadena de suministro.
Por lo anterior “hacemos un llamado a las autoridades laborales y ambientales para trabajar en conjunto y construir un entorno propicio para la inversión y el desarrollo económico, siempre bajo el marco de la legalidad y la responsabilidad económica, social y ambiental”, concluyó la Cámara.
GC
