Empresarios de la industria automotriz rechazaron las recientes modificaciones al decreto que autoriza la legalización o importación definitiva de los autos usados de procedencia extranjera en el país, también conocidos como “autos chocolate”, por sus perjuicios a las empresas fabricantes establecidas en México, así como a los distribuidores.
Este domingo, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un aviso que reforma el decreto original, del 19 de enero pasado, y que agrega a los estados de Sinaloa y Zacatecas como beneficiarios de la disposición, con lo que en total serán 12 las entidades federativas que podrán regularizar la estancia legal de los autos “chocolate” en sus territorios.
Las 10 entidades que originalmente estaban consideradas son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.
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Además, las nuevas disposiciones extendieron el plazo de tiempo para que los propietarios hagan el trámite correspondiente, de los seis meses planteados en un principio, a nueves meses, con fecha límite establecida para el 20 de septiembre de 2022.
Al respecto, Guillermo Rosales Zárate, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), refirió en videoconferencia que estos cambios “repercutirán en el número de vehículos que se les concederá la regularización” y, por tanto, “estaríamos en la condición de afectación al mercado formal de vehículos usados y nuevos”.
El dirigente empresarial manifestó su preocupación por el hecho de que las modificaciones del decreto, que se dieron a conocer este fin de semana, eliminan la figura de “pedimento de importación”, a través de agentes aduanales, para dejar en manos del Registro Público Vehicular (Repuve) la acreditación de los vehículos usados importados.
Además, la reforma del decreto instruye a los gobiernos estatales a facilitar la expedición de placas de circulación para los “autos de chocolate”, para que el único gasto que tengan que hacer los propietarios por el trámite de legalización sea el pago de un aprovechamiento por 2,500 pesos por cada vehículo.
Si bien, estos cambios del decreto pretenden facilitar el trámite a los propietarios de los “autos chocolate”, el hecho de excluir a los agentes aduanales implicará riesgos legales para el mercado nacional.
“El Repuve será el organismo encargado de recibir la documentación de los interesados, una instancia que está en el franco abandono y sin ninguna inversión reciente que asegure su funcionamiento, cuando el organismo con facultades correctas sería Aduana México”, comentó Rosales Zárate.
Pero además, la industria automotriz manifestó su desacuerdo con el hecho de que ninguna autoridad o institución se hará cargo de revisar los vehículos para verificar que cumplan con características físico-mecánicas aceptables y que tampoco tengan antecedentes de estar involucrados en delitos.
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Bastará con que el propietario entregue una carta a las autoridades en la que, bajo protesta de decir verdad, se informará sobre las condiciones del vehículo.
Originalmente, el gobierno federal había justificado que la regularización iba a servir para hacer un padrón de los vehículos usados de procedencia extranjera y de esta forma hacer un seguimiento de ellos en caso de robo o de que estuvieran implicados en algún ilícito.
“Esto da la pauta para dilucidar con toda precisión que el procedimiento carece de mínimos elementos de control por parte del Estado Mexicano para asegurar que los vehículos a los que se le dará legal estancia no cuentan con reporte de robo ni sobre sus condiciones físico-mecánicas”, concluyó Rosales Zárate.
GC
