El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, consideró que no ve razones claras para que la Ley de Economía Digital termine en tribunales, aunque evitó pronunciarse sobre su constitucionalidad y señaló que esa determinación correspondería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si alguien presenta una demanda.

“Puede o no ser inconstitucional, no te puedes decir sí o no, porque eso lo va a definir si alguien demanda a la Suprema Corte, entonces yo no me atrevería a decirlo”, afirmó.

En conferencia de prensa, Romano explicó que, desde su perspectiva, no ve quién podría argumentar que la ley vulnera sus derechos por facilitar los pagos digitales y simplificar las operaciones.

“Y yo no veo a nadie que pueda, en su sano juicio, decir que prefiere pagar en efectivo y que le estás violando sus derechos por simplificarle la vida”, expresó.

Añadió que, si alguien decidiera llevar el tema ante los tribunales, habría que identificar su interés en mantener transacciones sin trazabilidad. No obstante, aclaró que no quería entrar en el fondo de una posible controversia, pues eso correspondería a los juzgados.

Sobre la aplicación de la Ley de Economía Digital, Romano recordó que la Secretaría de Hacienda será la encargada de definir los sectores estratégicos en los que se impulsará el pago digital y se buscará disminuir el uso de efectivo. Indicó que, de acuerdo con lo que la asociación ha escuchado del gobierno, las carreteras de cuota y las gasolineras avanzarían en esa dirección, aunque la definición de los sectores corresponde a las autoridades.

El dirigente también mencionó actividades que, desde la perspectiva de la ABM, podrían avanzar hacia los pagos digitales, entre ellas la venta de automóviles nuevos, las joyerías, las compras de montos elevados y la venta de viviendas. Sin embargo, puntualizó que se trata de sugerencias de la asociación y no de una lista oficial de sectores definidos por el gobierno.

En cuanto a los plazos, Romano señaló que la adopción de los pagos digitales no será inmediata ni draconiana, sino que se realizará de manera adecuada para que los diferentes sectores puedan adaptarse. Explicó que también se tomarán en cuenta las necesidades de las personas mayores, de quienes todavía no tienen acceso a servicios bancarios y de quienes viven en zonas remotas, así como situaciones de emergencia, por ejemplo, los cortes de electricidad.

“Entonces, no piensen ustedes de que de hoy a mañana se van a encontrar ante una situación donde no van a poder operar en estas áreas si no hay efectivo”, afirmó.

El presidente de la ABM también indicó que la ley contempla a los tres niveles de gobierno y consideró que las propias autoridades podrían dar el ejemplo al digitalizar los cobros de trámites, permisos e impuestos.

Entre los elementos de la legislación, Romano destacó la posibilidad de utilizar la CURP Digital biométrica para realizar trámites. Explicó que esto permitiría simplificar la identificación de los clientes bancarios y reducir la necesidad de solicitar copias del INE u otros documentos oficiales, mediante el acceso a la información biométrica que autorice cada usuario.

El presidente de la ABM rechazó que la digitalización de los pagos tenga como objetivo la fiscalización y señaló que la banca busca contribuir a la formalización de la economía, sin asumir las atribuciones fiscales de las autoridades.

Como ejemplo, mencionó que la cuenta bancaria denominada Cuenta Fácil puede abrirse de manera remota sin requerir RFC, dentro de sus condiciones de operación. También sostuvo que el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) no está vinculado directamente con los RFC ni incorpora información fiscal en las operaciones.

“Nuestro objetivo no es recaudatorio”, afirmó Romano, al explicar que la banca busca impulsar la digitalización, dar mayor trazabilidad a los flujos de dinero y ampliar las posibilidades de financiamiento para las empresas.

Finalmente, señaló que la banca está lista para acompañar a los sectores que se determinen y contribuir a su digitalización, aunque precisó que todavía están pendientes las disposiciones que darán mayor claridad a la implementación de la ley.

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