Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es constitucional el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin orden judicial previa, Nydia Iglesias, directora de Análisis Político de Banamex, advirtió que, en ausencia de un Estado de derecho sólido en México, la medida puede generar incertidumbre, abusos y menor confianza económica.
En conferencia de prensa, donde fueron presentadas las perspectivas económicas del departamento de análisis del banco, la analista apuntó que la disposición genera una preocupación justificada, al insertarse en un contexto en el que la seguridad jurídica ha venido disminuyendo, en línea con un deterioro de las garantías institucionales de protección a los derechos de ciudadanos, consumidores y agentes económicos.
“Por supuesto que nos preocupa, creo que es justificado que le preocupe a todo el mundo sujeto a la jurisdicción mexicana”, afirmó.
De acuerdo con el criterio del máximo tribunal, el bloqueo de cuentas se considera una medida precautoria de naturaleza administrativa —y no penal—, orientada a la investigación de delitos financieros. Bajo este esquema, la UIF puede actuar sin intervención del Ministerio Público ni autorización judicial previa, siempre que existan elementos suficientes para sustentar la inclusión de personas en la lista de cuentas bloqueadas.
En su resolución, la SCJN sostuvo que este mecanismo fortalece la capacidad del Estado mexicano para cumplir compromisos internacionales en el combate a ilícitos como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Sin embargo, para Iglesias, debido a que el Estado de derecho en México ha perdido condiciones de operación, los cuentahabientes quedan en un entorno de protección “muy deteriorado”, al no contar con garantías suficientes para enfrentar posibles bloqueos.
Asimismo, la especialista destacó que la práctica de bloquear cuentas sin orden judicial no es exclusiva de México y que existen precedentes en otros países donde este tipo de medidas también está permitido; en esos casos, la aplicación está respaldada por sistemas judiciales robustos, que garantizan mecanismos efectivos de apelación para los afectados.
“Hay otros países en el mundo que permiten un bloqueo de cuentas sin que la autoridad judicial del país emita primero una orden judicial. Quizá el caso más agresivo donde esto ocurre es precisamente Estados Unidos”, explicó la analista, quien añadió que este esquema también se observa en Europa y en regiones como Hong Kong.
En estos lugares, dijo, las decisiones suelen sustentarse en investigaciones previas, incluso con participación de actores internacionales.
“Cuando en Estados Unidos o en Gran Bretaña o en Hong Kong se autoriza un bloqueo de cuentas es porque al menos un actor internacional hizo ya investigaciones en esos elementos. Estas investigaciones permiten argumentar ante instancias judiciales la posible vinculación con delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo“, detalló.
De esta forma, advirtió que si esas condiciones no están presentes en México, el riesgo se incrementa, especialmente en un entorno donde —según expuso— se han debilitado las garantías que permiten a los ciudadanos exigir pruebas antes de la aplicación de este tipo de medidas.
Igualmente, Iglesias señaló que diversas decisiones recientes de jueces, ministros y magistrados electos han mostrado una inclinación a favorecer posiciones del gobierno, lo que, en su opinión, ha derivado en resoluciones con menor calidad jurídica.
Bajo este escenario, alertó que se configura un entorno en el que cualquier persona o entidad que opere en México podría ser objeto de decisiones arbitrarias, sin contar con mecanismos efectivos de defensa.
er
