La recuperación del flujo de pasajeros en aeropuertos y aerolíneas mexicanas podría enfrentar dificultades si no se resuelve la baja a la nota aérea de México.
La calificadora crediticia Moody’s advirtió sobre los estragos que la degradación de la nota de seguridad aérea del país podría causar en el sector. El problema debe resolverse en 12 meses, a más tardar, si no se quiere afectar la recuperación del flujo internacional de pasajeros.
“Si México no logra recuperar su calificación de Categoría 1 en los próximos 12 meses, la recuperación postpandemia en el volumen de pasajeros internacionales para aeropuertos mexicanos será más lenta de lo que anticipamos antes”, indicó Moody’s en un reporte publicado el martes.
Las autoridades mexicanas deben restaurar su nota aérea cuanto antes. De no hacerlo, podría afectar negativamente la calificación crediticia de los aeropuertos con una porción importante de pasajeros internacionales, además de la de las aerolíneas mexicanas, advirtió la calificadora.
El 25 de mayo, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) rebajó la calificación de seguridad aérea de México, bajando al país de Categoría 1 a Categoría 2. Esto no afecta las operaciones vigentes de las aerolíneas del país, pero sí les prohíbe abrir nuevas rutas hacia EU en un momento en el que la industria aérea del país está urgida de nuevas oportunidades de ingreso.
Esta no es la primera vez que el gobierno mexicano sufre una degradación en su nota aérea. Lo mismo sucedió en 2010, y a las autoridades les tomó cuatro meses recuperar la Categoría 1.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó la gravedad de la caída a Categoría 2, pero los funcionarios de su gobierno y las empresas del sector se la tomaron muy en serio. Tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y las aerolíneas del país acordaron trabajar juntos para restaurar la calificación de seguridad aérea.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) estima que el costo de la degradación para el gobierno federal podría ascender a más de 5 mil millones de pesos en impuestos.
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