La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma en materia de derechos de autor y protección a la propiedad industrial, proyecto bautizado por la oposición como la “ley antimemes”.
La propuesta prohíbe el uso no autorizado de rostros, voces, música e imágenes modificados o generados mediante herramientas de inteligencia artificial.
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Asimismo, penaliza la utilización engañosa de símbolos, logotipos, dominios de internet e identidad gráfica de instituciones públicas y de gobierno con el propósito de inducir al error o cometer un ilícito.
El proyecto recibió 18 votos a favor de las bancadas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, frente a seis votos en contra de los partidos de oposición —Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano MC)—, sin registrarse abstenciones.
La iniciativa, redactada y enviada por la Presidencia de la República, ya tiene la aprobación previa de la Cámara de Senadores y espera su discusión y votación definitiva en el Pleno de la Cámara baja.
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La reforma prevé modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor, al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
No a la suplantación de símbolos oficiales
En materia de inteligencia artificial, el proyecto sancionará el uso no autorizado de contenidos manipulados digitalmente y fortalecerá las acciones contra la piratería.
Quienes divulguen obras protegidas sin autorización antes de su estreno oficial enfrentarán penas de cuatro a 10 años de prisión, junto con multas de hasta 20,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
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Asimismo, el proyecto faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para imponer multas administrativas de hasta 40,000 UMA —equivalentes a casi 4.69 millones de pesos (mdp)— a los infractores.
Respecto al uso indebido de la identidad institucional, la norma tipifica como delito la reproducción o imitación a escala comercial de logotipos, documentos o dominios electrónicos oficiales de dependencias gubernamentales.
Esta conducta se castigará con penas de uno a cinco años de prisión y multas de 1,000 a 10,000 UMA cuando se acredite la intención maliciosa de engañar a la población para cometer un delito.
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Para dar cumplimiento a estos ordenamientos, las empresas de internet y las plataformas digitales deberán aplicar mecanismos para recibir notificaciones y retirar de forma expedita los contenidos señalados como ilegales.
Asimismo, las compañías tecnológicas deberán adoptar políticas para suspender o cancelar definitivamente las cuentas de usuarios que incurran de manera reiterada en violaciones a los derechos de autor, al armonizar la legislación nacional con los compromisos asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Debate por libertad de expresión
La reforma detonó cuestionamientos entre la oposición, al advertir que las nuevas obligaciones impuestas a las plataformas digitales podrían derivar en actos de censura previa. Argumentaron que las empresas de tecnología, para evitar las elevadas multas económicas, utilizarán filtros automatizados que retirarán preventivamente contenidos humorísticos, sátiras, caricaturas, parodias o memes críticos hacia el gobierno, al no existir una delimitación clara que garantice la libertad de expresión en redes sociales.
Frente a estos señalamientos, el gobierno federal rechazó las acusaciones de censura y aclaró que la legislación tiene como propósito exclusivo combatir la piratería y salvaguardar la propiedad intelectual de los creadores.
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“La ley que se aprobó de Protección a la Propiedad Intelectual tiene que ver contra la piratería, no está dirigida a Corea sino en general para proteger la propiedad intelectual”, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, en su conferencia de prensa matutina de este martes.
La mandataria calificó como un absurdo la denominación de “ley antimemes” y explicó que la restricción sobre la identidad gráfica pretende evitar que privados comercialicen con fines de lucro o fraude los símbolos patrios y gubernamentales.
GC
