El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) propone ocho medidas para fortalecer los fundamentos macroeconómicos de México y asegurar el uso eficiente del gasto público, así como el mantenimiento de una postura fiscal sana. Entre las iniciativas que pone sobre la mesa está la implementación de un consejo fiscal independiente, el cual fue sugerido por organismos internacionales y nacionales, así como empresarios, pero rechazado por la Secretaría de Hacienda. En su opinión, México es una economía que ha estado manejando bien sus fundamentos macro en los últimos tiempos, pero existen áreas de oportunidad en torno al manejo de la deuda pública y ejercicio del gasto corriente. Las iniciativas que propone son:
  • Explorar y discutir la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en cuanto a la implementación de un consejo fiscal ‘verdaderamente independiente’. Se buscaría que éste contara con suficiente autonomía y funcionara como contrapeso efectivo a la discrecionalidad gubernamental, y que despolitice los procesos de discusión sobre las metas que se quieren lograr, reducir la deuda y el déficit fiscal.
Destaca que los consejos fiscales se refieren a una institución pública independiente que contribuya al debate de políticas mediante la difusión de análisis, opiniones, recomendaciones y pronósticos para ayudar a mejorar el desempeño fiscal,
  • Cambios concretos a las leyes, esto con el fin de brindar mayor credibilidad a la trayectoria planteada para reducir la relación deuda pública/ Producto Interno Bruto: “reiteramos la recomendación de reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en varios sentidos”.
  • Que la planeación y elaboración de presupuestos se realice de forma disciplinada, realista, eficiente, con objetivos concretos y con carácter multianual, acorde a los planes de gobierno y la complejidad de sus proyectos, “blindando” las partidas relevantes (inversión productiva) que suelen ser las más politizadas.
  • Enfocar el trabajo de la Comisión del Presupuesto y Cuenta Pública y la de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, así como reforzar su tarea de vigilancia sobre el diseño y desempeño del presupuesto, tanto a nivel federal como estatal.
  • Evaluar la efectividad de organismos como el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y, en su caso, modernizarlos y fortalecerlos, o eliminarlos o reducirlos si no son de la utilidad esperada.
  • Mejorar y formalizar los mecanismos de evaluación  de la eficiencia del gasto público, así como de los principales programas públicos para determinar con mayor precisión su costo-beneficio y tomar decisiones oportunas.
  • Agilizar la implementación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Deuda Pública y la Ley de Contabilidad Gubernamental.
  • Transparentar el origen y/o destino de ingresos excedentes, regulando su uso.
    “Parecería que la opción más eficiente e inmediata es hacer los ajustes a las leyes correspondientes y que los congresos refuercen su tarea de vigilancia y fiscalización. Si en un plazo determinado no se observan los resultados esperados, o de manera complementaria, se podría implementar un consejo fiscal”, señala el IMEF.
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