El proyecto de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación, plantea que la electricidad constituye un insumo estratégico para la economía y el desarrollo del país.

Si bien se trata de un concepto que todos los mexicanos podemos compartir, no queda claro cómo esta declaración de principios se traducirá en la prestación de un servicio de energía eléctrica suficiente para todos, que sea confiable y que, además, sea asequible para toda la población, asegura en entrevista Víctor Pavón Villamayor, presidente Ejecutivo de la empresa de consultoría Oxford Competition Economics.

En un balance sobre el proyecto de reforma eléctrica –que los legisladores pretenden aprobar en Semana Santa—, el experto considera que un punto a su favor consiste en la concepción de la electricidad como un servicio estratégico, de tal forma que este “funcione cada que se encienda el switch o que no se vaya la luz a cada rato y que se cobren tarifas asequibles”.

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Este planteamiento “es uno de los pros, compartido por todos”. Sin embargo, las diferencias de opinión emergen a la hora de hablar de las políticas públicas más adecuadas para lograrlo.

A modo de ejemplo, el experto refiere que el proyecto lopezobradorista falla al confundir los conceptos de interés público e intervención pública.

“Me preocupa que la motivación de la iniciativa tiene una confusión sobre interés público e intervención pública, que es muy importante”, comenta Víctor Pavón Villamayor.

“En la iniciativa, la lógica es pensar que fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dándole todas las atribuciones para controlar al sector, será la mejor forma de salvaguardar el interés público, de alcanzar un servicio confiable y con tarifas asequibles, pero no necesariamente es cierto”, refiere el experto.

En un contexto de economía de mercado, el Estado puede garantizar este objetivo mediante la promoción de la competencia entre diferentes participantes, públicos y privados, o bien con instrumentos de regulación eficiente, de modo que no hace falta la intervención de una empresa pública preponderante, explica Víctor Pavón.

Reforma de EPN ha funcionado

En su balance, el experto considera que el modelo vigente –herencia de la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto— plantea bases distintas. Si bien el Estado se mantiene como regulador del sector, se abre la participación a los privados en determinadas áreas de la industria.

“La reforma original de hace unos años parte de un principio rector económico que es regular parte de la industria, segmentarla y permitir que, en algunos segmentos, se pueda abrir la competencia, como es la generación, y por otro lado, seguir conservando segmentos bajo la tutela del Estado, como son la distribución y la transmisión”, comenta Víctor Pavón.

El especialista hace ver que este modelo, si bien no es perfecto, ha demostrado su eficiencia en el mundo, no solo en México, lo que permite alcanzar los objetivos de abasto suficiente, de calidad y a bajos precios.

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“Este es un modelo que ha funcionado y se ha reconocido en el mundo, no es perfecto, también hay que reconocerlo. Ha habido casos, como en California, Estados Unidos, donde la desregulación generó problemas importantes (…) Pero en una visión de largo plazo, han sido modelos eficientes”, asegura Víctor Pavón.

CFE no tendrá capacidad de invertir

En cambio, uno de los contras que plantea la iniciativa lopezobradorista es la idea de que “la competencia en los segmentos que se abrieron ha sido dañina” para el país, derivado de una serie de “abusos” en algunos “esquemas particulares de la industria” –el gobierno habla de los permisos de autoabastecimiento—, por lo que es necesario sustituir el modelo de competencia por uno “vertical, controlado por CFE” para así salvaguardar la cadena de valor.

En opinión de Víctor Pavón, cuando la iniciativa de reforma eléctrica establece una asignación de 54% de participación en la industria a la CFE y de 46% a la iniciativa privada, hace suponer que CFE tiene todas las capacidades para cumplir con ese papel de empresa preponderante en el sector y garantizar un servicio de calidad, pero no necesariamente es así.

“Uno esperaría que estas participaciones de mercado fueran un reflejo de la competitividad de las empresas y de las eficiencias. Si CFE fuera más competitiva no tendrías que poner ni siquiera pisos ni techos (de participación)”, comenta el experto.

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Pero la realidad es que, al ser una empresa del Estado, CFE depende del presupuesto público federal, mismo que es insuficiente hoy en día para cubrir las necesidades de la población y las necesidades de inversión del gobierno. De manera que, de aprobarse la reforma, la industria eléctrica correrá el riesgo de enfrentar un escenario de baja inversión en electricidad y de altos costos de producción, al no poder CFE adquirir tecnologías ni procesos más eficientes.

“La pregunta es hasta qué punto CFE podrá ser eficiente en inversión, particularmente en un escenario en el que los recursos públicos son escasos (…) Los privados que tienen la capacidad de hacer las inversiones ya no podrán y quien sí puede –CFE— tendrá problemas presupuestales y eso al final tendrá un impacto en el bolsillo de los consumidores”, advierte Víctor Pavón.

En este sentido, lejos de atender las necesidades de hogares y empresas, la reforma eléctrica presidencial anticipa un escenario de baja capacidad de respuesta para atender la creciente demanda de energía en el país.

De manera que se avecina “un desbalance entre oferta y demanda” de energía eléctrica que, como resultado, se traducirá en “un ajuste de tarifas eléctricas” y no en una disminución de , como se ha prometido, asegura el experto.

GC