El ajuste a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación avanza en el Congreso y comienza a generar lecturas encontradas en el sector financiero. Para Grupo Financiero BASE, la reforma aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados —que elevaría los aranceles en 1,463 fracciones arancelarias— podría mejorar el alineamiento de México con Estados Unidos y Canadá, pero también abre un flanco de vulnerabilidad para la economía.

En un análisis, la institución sostuvo que la adopción de estos nuevos gravámenes es vista como un gesto que refuerza la coordinación de política comercial con el principal socio económico del país.

El movimiento, apuntó, podría incidir favorablemente en las negociaciones de aranceles sectoriales que mantiene Washington, además de influir en el proceso de revisión del tratado comercial que ambas naciones mantienen con Canadá, el T-MEC, un proceso previsto para 2026.

“No obstante, representan un riesgo adicional al alza para la inflación y para la actividad industrial, que ya se encuentra en recesión”, advirtió el grupo financiero al evaluar los efectos internos que podría generar el incremento arancelario.

El comentario se produjo después de que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular —y con modificaciones— el dictamen que actualiza diversas fracciones de la ley arancelaria. La minuta ya fue turnada al Senado, donde se prevé inicie su discusión este mismo día.

El proyecto plantea aumentos de entre 10% y 50% para 1,463 fracciones. Los ajustes alcanzan a sectores como autopartes, autos ligeros, vestido, plástico, electrodomésticos, juguetes, textiles, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, aluminio, remolques, vidrio y cosméticos.

Según la iniciativa, los nuevos aranceles aplicarán únicamente a importaciones procedentes de países sin tratado comercial con México y comenzarán a cobrarse a partir del 1 de enero de 2026.

El argumento central es que el incremento forma parte de una estrategia de “reindustrialización soberana, sostenible e incluyente”, basada en la idea de que la política arancelaria es un instrumento clave para proteger el desarrollo industrial del país.

En ese contexto, es relevante señalar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la actividad industrial de México mostró un retroceso significativo en agosto, al disminuir en 17 de las 32 entidades federativas.

Con datos desestacionalizados, las mayores caídas anuales se registraron en Quintana Roo (-41.40%), Campeche (-15.80%), Durango (-13.61%), Tabasco (-12.64%) y Coahuila (-6.04%), reflejando la debilidad industrial en diversas regiones. En contraste, algunos estados lograron avances importantes. Los incrementos más pronunciados correspondieron a Michoacán (21.28%), Baja California Sur (18.18%), Tamaulipas (7.80%), Colima (7.67%) y Sonora (6.11%), lo que muestra un desempeño heterogéneo entre entidades.

El comportamiento acumulado de los primeros ocho meses del año confirma esta disparidad. Las mayores contracciones se observaron en Quintana Roo (-52.07%), Campeche (-18.69%), Tabasco (-15.17%), Durango (-8.89%) y Puebla (-5.87%).

A la inversa, el crecimiento industrial en el mismo periodo fue liderado por Baja California Sur (9.62%), Nayarit (8.80%), Tamaulipas (4.91%), Chiapas (4.61%) y San Luis Potosí (4.44%). También sobresalen los avances en la Ciudad de México (3.75%), Jalisco (2.46%), Guanajuato (3.97%) y Nuevo León (2.42%), que consolidaron una trayectoria positiva durante el año.

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