Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron por unanimidad el proyecto de reforma constitucional contra las pensiones de montos extraordinarios o “pensiones millonarias” que se otorgan entre los funcionarios públicos.
La iniciativa de reforma, que modifica el artículo 127 constitucional, establece que ningún empleado púbico podrá recibir una remuneración o salario mayor a lo asignado al presidente de la República en turno.
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Asimismo, la reforma determina un límite para las jubilaciones y pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.
Las pensiones que se otorguen para altos funcionarios y personal de confianza —quienes ocupan puestos directivos— del gobierno federal, organismos descentralizados, empresas públicas y otras entidades públicas no podrá ser mayor a la mitad del salario que perciba el presidente de la República.
Además, ningún funcionario podrá recibir salarios iguales o mayores a los de su superior jerárquico, con excepción de aquellas personas que tengan más de un empleo en el gobierno o que efectúen trabajos técnicos especializados.
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El dictamen fue aprobado por las dos comisiones mencionadas, con 32 votos a favor y cero en contra, lo que no solo incluye a los senadores de la coalición oficialista —Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)—, sino también a los senadores de la oposición.
El personal de las fuerzas armadas queda excluido de estas disposiciones, ya que goza de un sistema de pensiones independiente, además de que también se exentos de la reforma los esquemas de pensiones complementarios contratados por los sindicatos o bien las aportaciones voluntarias a las cuentas de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore) de los empleados públicos.
El dictamen aprobado se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara Alta para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y su eventual aprobación en Sesión Plenaria.
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El proyecto constituye una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de exhibir la existencia de pensiones de varios miles de pesos que se pagan en distintas dependencias de gobierno federal a exfuncionarios públicos, que contrastan con la mayoría de las pensiones que ganan los empleados operativos.
Antes de mandar la iniciativa de reforma, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer el caso de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro (LyF), que tiene 14,000 jubilados con un costo anual de 28,000 millones de pesos (mdp).
De ese universo, casi 70% recibe entre 100,000 y 1 millón de pesos mensuales. Sin embargo, existe una persona con una pensión que supera el millón de pesos al mes.
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Además, estos jubilados reciben un subsidio al Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que implica un monto de 2,400 millones de pesos (mdp) anuales.
GC
