El impuesto de 2% que cobrará el gobierno de la Ciudad de México a las empresas de aplicaciones móviles de reparto y envío de mercancía inevitablemente elevará los precios finales del servicio al consumidor, ya que aumentará los costos de operación a las compañías y les impondrá una barrera a la competencia en el mercado.

“El impuesto se vislumbra como una barrera a la competencia y al desarrollo de los negocios digitales y un ejemplo de desesperación y depredación fiscal que no impedirá la factibilidad de transparencia hacia el consumidor”, aseguró la empresa de consultoría The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

En un comentario sobre esta disposición, que comenzará a funcionar a partir de enero de 2022 en la capital del país, la empresa de consultoría refirió que en otras regiones del mundo han aplicado impuestos similares, como el de 3% que se aprobó en Francia, desde 2019, a los servicios de las empresas nacionales y extranjeras de tecnología y servicios digitales.

Asimismo, en Reino Unido, se aplicó desde 2020 un impuesto de 2% a los servicios digitales, en tanto que España aprobó a fines de 2020 un impuesto de servicios digitales de 3% a las ventas generadas por publicidad en línea y aplicaciones móviles.

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Lo anterior deja ver que México no es el primer país que grava los servicios de reparto y envío de mercancías, por medio de aplicaciones móviles.

Sin embargo, la forma como se aplicó la disposición en la Ciudad de México provocará una competencia diferenciada entre las empresas de servicios digitales —tales como Didi, Uber Eats, Rappi, Mercad Libre y Amazon, entre otras— y las compañías de servicios de paquetería no digitales —Estafeta, DHL y FedEx, entre otras— que no pagarán el impuesto.

Por lo anterior, The CIU —que dirige Ernesto Piedras— consideró que se establece una barrera de mercado, para el desarrollo de las empresas de aplicaciones móviles de reparto y envío de mercancías y de comercio electrónico.

De momento, la compañía Rappi avisó que, a raíz del impuesto de 2%, se verá en la necesidad de cambiar sus planes de expansión en México, al considerar su crecimiento en los estados y en menor medida en la capital del país.

Para aprobar el impuesto, el Congreso de la Ciudad de México arguyó que “el comercio electrónico, a diferencia del tradicional, ha creado riqueza adicional en la economía, circunstancia que genero un cambio de paradigma en la actividad económica”.

En este sentido, “se enfatiza que el crecimiento de modelos de negocios digitales amerita que estos contribuyan con la entidad por la infraestructura que esta le provee”.

Los diputados locales plasmaron en el Código Fiscal capitalino el compromiso para que los recursos que se capten por el nuevo impuesto se utilizará en la infraestructura vial de la Ciudad de México.

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Más allá de las facultades de las autoridades locales para aplicar impuestos, las empresas necesariamente actualizarán sus precios al consumidor, así como las cuotas que cobran a los negocios con quienes colaboran —de comida, ropa, zapatos, electrónicos, etcétera—, además de las comisiones al personal repartidor que hace las entregas a los clientes.

“Legisladores y analistas han apuntado que no hay forma de garantizar que el impuesto no sea trasladado al consumidor mediante un incremento en precios, a los negocios vía un aumento en las comisiones cargadas o incluso hacia los repartidores con un descuento o retención impositiva”, concluyó The CIU.

GC