El gobierno federal enviará el lunes 23 de febrero al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para limitar las pensiones de exfuncionarios de alto nivel en dependencias y empresas públicas.

La propuesta pretende fijar un tope, en aras de eliminar montos de dinero considerados desproporcionados que hoy representan una presión para las finanzas públicas.

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En su conferencia de prensa de todas las mañanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la modificación al artículo 127 de la Constitución establecerá que ninguna pensión de personal de confianza —aquellos que tienen cargos de responsabilidad— podrá superar el equivalente a 50% de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal.

Es decir, que las pensiones por jubilación de quienes han sido funcionarios públicos no podrá superar la mitad del sueldo que perciba el presidente de la República en funciones. La medida excluye a trabajadores sindicalizados y de base, así como a prestaciones derivadas de contratos colectivos de trabajo.

“Se trata de pensiones sin privilegios. No es justo que, con recursos del pueblo, se sigan pagando jubilaciones de un millón de pesos mensuales”, afirmó la mandataria.

El costo fiscal de las pensiones de élite

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó un diagnóstico sobre el impacto presupuestal de pagar “pensiones millonarias”.

Un caso es la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro (LyF), de la que existen 14,000 jubilados con un costo anual de 28,000 millones de pesos (mdp).

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De ese universo, casi 70% recibe entre 100,000 y 1 millón de pesos mensuales. Sin embargo, existe una persona con una pensión que supera el millón de pesos al mes. Además, estos jubilados reciben un subsidio al Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que implica un monto de 2,400 millones de pesos (mdp) anuales.

En contraste, las pensiones promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ubican en 6,600 pesos mensuales. Mientras que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las pensiones rondan 8,400 pesos mensuales. Sin embargo, algunos exdirectivos alcanzaron percepciones hasta 140 veces superiores al promedio nacional.

En Petróleos Mexicanos (Pemex), el padrón supera los 22,000 jubilados y el desembolso anual asciende a casi 25,000 mdp.

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Al menos 618 exfuncionarios reciben montos mayores al salario presidencial —unos 140,000 pesos mensuales— y, en promedio, sus pensiones resultan 39 veces superiores al ingreso medio nacional.

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), están registrados unos 54,000 jubilados del régimen de confianza, quienes generan un costo anual de 41,000 mdp. De ellos, 2,199 perciben más que el presidente de la República.

En instituciones financieras públicas como Nacional Financiera (Nafin), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), se identificaron decenas de pensiones por encima tanto del salario presidencial como de los topes del IMSS y el ISSSTE.

Ahorros al presupuesto público

El gobierno estima que la reforma permitirá generar un ahorro de 5,000 mdp, recursos que se canalizarán a programas sociales.

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De aprobarse, la reforma constitucional impedirá impugnaciones vía amparo de quienes se vean afectados por el tope de las “pensiones millonarias” y se preservará la salud de la finanzas públicas como una expresión del bienestar general.

GC