Especialistas de México Evalúa señalaron que antes de plantear una reforma fiscal orientada a incrementar la recaudación, es necesario fortalecer la transparencia del gasto público y revisar el destino de los recursos, incluidos los que se asignan a empresas estatales y programas estructurales, con el fin de fortalecer la legitimidad fiscal y ampliar el margen de maniobra de las finanzas públicas.

Durante el análisis “Navegando las finanzas públicas de 2025. Balance del primer año del sexenio”, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, afirmó que la discusión no debe centrarse únicamente en crear nuevos impuestos, sino en un enfoque más amplio de cambios estructurales.

“No se trata de una reforma fiscal, el problema es mucho más complejo. Requeriríamos más bien de un conjunto o un programa de reformas fiscales que puedan impactar en el corto, en el mediano y en el largo plazo”, expuso la especialista durante la charla, moderada por Marco A. Mares.

En su intervención, señaló que ese conjunto de reformas debería incluir temas estructurales de las finanzas públicas, entre ellos el papel de la empresa petrolera del Estado y la sostenibilidad de los programas sociales.

“Tendría que volver a tocar el tema de Pemex (Petróleos Mexicanos) y cuál va a ser su rol. Actualmente se convirtió en un organismo estatal, más que en una empresa. Entiendo que teóricamente no está obligado a la rentabilidad, quizás debiera estarlo”, dijo.

También mencionó el desafío fiscal que implica el financiamiento de pensiones no contributivas.

“Y tenemos también el tema de la seguridad social, es un tema muy importante, cómo vamos a seguir financiando las pensiones que llamamos no contributivas, que a mí me parece excelente que existan porque sin duda era un pasivo social importante que había que atender, pero ahora hay que pensar en su sostenibilidad fiscal”.

Campos agregó que el debate igualmente debe considerar cómo se asignan los recursos públicos, particularmente aquellos que se destinan a empresas estatales, “porque con la cantidad de recursos que se están yendo a Pemex o a otras empresas estatales, habría que reconsiderar cuál es el mejor uso que tienen esos recursos”.

En ese sentido, planteó la necesidad de discutir si el problema radica en la falta de recursos o en su distribución.

“Entonces ahí viene la pregunta, ¿el gobierno realmente no tiene recursos o podríamos considerar reformas para redistribuirlos en otros fines?”.

Asimismo, la directora general de México Evalúa subrayó que la base de la recaudación en el país se sostiene principalmente en el sector formal de la economía.

“Fíjate, el primero es sobre el ecosistema formal de la economía, que está integrado por las empresas formales y por los asalariados. Esos dos conjuntos de contribuyentes son los que realmente sostienen la recaudación del impuesto sobre la renta, que es el principal ingreso del gobierno”.

Bajo este contexto, añadió que las políticas fiscales deben considerar el funcionamiento de ese segmento de la economía.

“¿Esto qué nos dice? Que el gobierno vive de las empresas formales y de los asalariados, en primer lugar. Por lo tanto, creo que no podemos divorciar las políticas fiscales de este ecosistema formal”.

Campos también se refirió a la necesidad de diferenciar entre contribuyentes cumplidos y aquellos que no lo hacen y destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización.

“Se vale que la autoridad sea muy estricta, porque México recauda poco, no tenemos una cultura de contribución, considero, por las razones que sean, por la falta de confianza, porque no ha habido los resultados esperados, o sea, hay muchas razones, pero no existe esa cultura de contribución.

“Y lo que tiene que hacer el gobierno es cuidar este ecosistema formal, en donde ya haga una diferencia entre los que cumplen y los que no, para que no les toque mal a los que cumplen y afectemos este ecosistema”, acentuó.

Por otro lado, la especialista advirtió sobre problemas estructurales en la planeación de la inversión pública, especialmente al inicio de cada administración.

“El día de hoy no tenemos una agencia, no tenemos un espacio institucional para la planeación de infraestructura. Entonces llega un nuevo gobierno y hay que reinventar la rueda de qué proyectos vamos a poner en la mesa de infraestructura”.

Por ello, planteó la necesidad de crear mecanismos institucionales de largo plazo.

“Entonces creo que este régimen ha sido muy activo en reformas y lo que se tendría que crear es un sistema de planeación de inversión pública que trascienda sexenios y que evite este abismo en cada primer año de gobierno”.

Campos también subrayó el impacto económico de un sistema de cuidados.

“Es una de las políticas económicas más importantes. Hay muchos que lo ven solo como una situación, digamos, una intervención que promueva la igualdad de género, lo cual me parece estupendo, por supuesto que también lo es, pero hay que verle su parte económica”.

Añadió que existe potencial productivo que no se está aprovechando.

“Entonces, ¿qué tal que repensamos cómo se está asignando el recurso público y qué tal que le asignamos más a ese proyecto en lugar de a otros que no nos dejan rentabilidad social?”.

Por su parte, Jorge Cano, señaló que la transparencia en el uso de los recursos públicos es un elemento central para la legitimidad fiscal.

“En materia de transparencia, definitivamente es un factor muy importante para asegurar la legitimidad fiscal. Antes de hablar de una reforma tributaria, creo que, pues todas las personas dirían: ¿Y para qué quieres más dinero si lo estás gastando mal?”.

El especialista indicó que existen evidencias de falta de información en el ejercicio del gasto público.

“Sí hay mucha evidencia de temas opacos en materia de cómo se ejercen los recursos públicos que han sido designados, por ejemplo, tema de seguridad nacional, de cómo se ejerció el presupuesto por los militares”.

Al igual que Campos, el experto mencionó la falta de datos detallados en algunos proyectos y empresas estatales.

“Tampoco tenemos información muy específica de cómo utiliza Pemex los recursos que le dan para aportaciones financieras. No hay datos sobre la construcción de Dos Bocas en materia presupuestaria y esto merma la confianza que tiene la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos”.

En ese contexto, sostuvo que primero se debe mejorar la transparencia y la gobernanza del gasto público.

“Entonces creo que primero tenemos que enfocarnos en una agenda de mejorar la transparencia y gobernanza del gasto público como un preámbulo para después plantear una reforma fiscal”.

Posteriormente, dijo, se podría discutir una reforma hacendaria de mayor alcance.

“En el momento en que mejore la legitimidad del gasto público, entonces sería mucho más fácil tener una reforma fiscal ambiciosa, una reforma hacendaria que toque temas de ISR, IVA, IEPS, predial, etcétera”.

Cano también advirtió sobre la limitada capacidad del sector público para impulsar nuevas políticas, debido a compromisos presupuestarios existentes.

“El margen de maniobra del sector público está en sus niveles más bajos. Prácticamente, el 98 por ciento de los ingresos del sector público ya están comprometidos con temas estructurales como la nómina, las transferencias a Pemex, transferencias a las entidades federativas”.

Esto, añadió, reduce el espacio disponible para nuevas decisiones de política pública.

“Y esto deja muy poco espacio de política pública. Y cuando se habla de generar una nueva estrategia de gasto, un nuevo programa, pues siempre hay que tener en cuenta esta gran presión que existe”.

Finalmente, señaló que cualquier nueva política implicaría decisiones fiscales relevantes.

“Si se quiere hacer una nueva política pública, pues va a implicar o recortes o cobrar más impuestos o incrementar la deuda”, concluyó.

er