La medida proteccionista del gobierno de Estados Unidos, para cobrar aranceles de 25% a todos los autos importados, encarece los vehículos, reduce la competitividad y pone en riesgo miles de empleos en la región, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Ante estos impactos adversos, el organismo empresarial demandó al gobierno mexicano “actuar con determinación” para hacer exigible el cumplimiento de las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y encontrar los mecanismos que permitan mitigar las consecuencias negativas.

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“La imposición de un arancel del 25% a los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos representa una amenaza directa para la industria automotriz de la región (…) No podemos permitir que estas decisiones afecten el comercio y la integración productiva construida durante décadas”, refirió Coparmex en un comunicado.

Al día siguiente que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva para gravar la entrada a su país de autos fabricados en otros países, aún cuando sean armados por compañías norteamericanas, la Confederación ha sido una de las pocas cámaras y asociaciones empresariales que se han manifestado públicamente sobre el asunto.

En su comunicado, la Coparmex hizo ver que México es el principal proveedor de autos al mercado estadounidense, además de que nuestro país forma parte de una cadena de suministro altamente integrada.

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El año pasado, México exportó cerca de 3.5 millones de vehículos ligeros, de los cuales el 80% se dirigieron solamente a Estados Unidos.

“La imposición de estos gravámenes no solo impactará a las exportaciones nacionales, sino que también incrementará los costos para los consumidores en Estados Unidos, lo que podría traducirse en una menor demanda y afectar la estabilidad del sector”, aseguró la Coparmex en su comunicado.

También destacó que el anuncio de los aranceles y su puesta en marcha, programada para el 2 de abril, genera tal incertidumbre que “daña la confianza de los inversionistas y obstaculiza el crecimiento económico de ambos países”.

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La Confederación —considerada el brazo político de tradición del sector privado— exigió al gobierno mexicano que enfrente esta contingencia “con determinación” para defender los intereses nacionales.

Además de apelar a las reglas del T-MEC, el gobierno mexicano deberá formular “una estrategia clara que brinde certidumbre a las empresas y garantice condiciones de competencia justa”.

Coparmex insistió en que el gobierno mexicano deberá procurar el fortalecimiento de la inversión, la innovación y la promoción de nuevas oportunidades comerciales en el extranjero.

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Asimismo, la Confederación demandó al gobierno mexicano que despliegue una “política exterior firme”, en aras de no vivir a expensas de “decisiones unilaterales que atentan contra nuestra economía”.

GC