El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) apuntó que México requiere de un estado de derecho “robusto, claro y sólido” que contribuya a generar un ambiente seguro para un mejor y más amplio desarrollo de la actividad económica. Esto, en el marco de la relocalización de empresas y en medio del proceso electoral.

En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) resaltó que el país se ha convertido en un destino significativamente atractivo para la inversión de diversos países, por estar ubicado potencialmente en el lugar más favorables del mundo.

No obstante, lo anterior podría no aprovecharse de manera completa debido a un débil estado de derecho que permite que diversos tipos de delitos se incrementen.

Según el CEESP, la preocupación de hace mayor cuando se percibe que las acciones de las autoridades y propuestas políticas para hacer frente a esta problemática no se coordinan de manera adecuada o no cuentan con recursos suficientes, lo que puede beneficiar más a grupos delictivos que a la población en general.

“Sin un combate frontal y exitoso por parte de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, no será posible establecer un ambiente social y de negocios en el que prive la libertad y facilidad de emprender y el incentivo de invertir en busca de mayor utilidad, productividad y beneficio para la actividad productiva y la generación de empleos”, mencionó.

Abundó que aunque las empresas más grandes podrían contar con medios eficaces de protección frente a la inseguridad pública, el emprendimiento y la inversión de empresas medianas y pequeñas se ven obstaculizados bajo esa situación. 

“Es posible que el creciente número de zonas y regiones del país donde el crimen organizado impone su ley sobre el estado de derecho nacional disuada la participación, aún de las empresas multinacionales más grandes. Si ese fuese el caso, las oportunidades de la relocalización de las cadenas productivas se verían desperdiciadas en buena medida”, consideró.

Por lo anterior, subrayó que sería útil que, durante el periodo electoral rumbo a la presidencia, se consideren propuestas de acciones específicas, planeadas y estructuradas para sanear el entorno de corrupción, impunidad e ilegalidad que persiste en el país.

Lo anterior, porque la evolución de las expectativas de crecimiento depende en buena medida de la confianza de los inversionistas y que haya suficientes incentivos para invertir. Esto implica políticas económicas que estimulen un ritmo de crecimiento suficiente para crear empleos de calidad que permitan la mejoría de las condiciones de vida de los mexicanos en un ambiente de seguridad y libertad de emprender.

“No solo es cosa de aprovechar la oportunidad que ofrece el proceso de relocalización es algo que debe ser permanente. Políticas públicas de largo plazo. […] Es obvia la necesidad de establecer un robusto estado de derecho, claro y sólido que contribuya a generar un ambiente seguro para un mejor y más amplio desarrollo de la actividad económica del país.

“Asimismo, la obligación de las autoridades es asegurar un proceso electoral transparente y el de los candidatos proponer políticas públicas adecuadas y de largo plazo”, concluyó el CEESP.

er