La discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica comenzó este lunes en la Cámara de Diputados, que es la cámara de origen, y con la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador de aprobar en sus términos el proyecto de ley.

Sin embargo, no queda claro que el proyecto de reforma constitucional pueda ser aprobado por los legisladores, conforme a las reglas legislativas –se requiere el respaldo de dos terceras partes de los 500 diputados— y menos aún en los tiempos previstos, es decir en Semana Santa, asegura en entrevista Víctor Pavón Villamayor, presidente Ejecutivo de Oxford Competition Economics, empresa de consultoría.

“Parece que hay una señal de que se apruebe, pero se ve complicado. Hacen falta consensos en ciertos temas de la reforma, dependerá de la oposición y de si se hacen cambios de fondo o cambios cosméticos” al proyecto, refiere el experto en entrevista.

Pavón Villamayor considera que, “en el contexto actual de la composición de la cámara de origen”, no será fácil darle el respaldo necesario al proyecto.

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La iniciativa ha causado polémica porque, entre otros aspectos, pretende consolidar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresa preponderante del sector eléctrico, limitar la participación de las empresas privadas en la industria a una proporción de 46%, privilegiar en el despacho eléctrico a las plantas de CFE y dar preferencia a las tecnologías más tradicionales –como la cogeneración, la hidroelectricidad y las plantas de combustóleo— por encima de las tecnologías renovables –como energía eólica y energía solar—.

Debido a que la reforma eléctrica plantea modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, es necesario obtener mayoría calificada para su aprobación, lo que implica que la coalición de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) –que respaldan al gobierno federal— tiene asegurados unos 278 votos, por lo que hacen falta mínimo 55 votos de la oposición para conseguir la mayoría calificada.

De momento, los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) de la Cámara de Diputados han manifestado su desacuerdo con la iniciativa de ley e incluso han pedido a Morena que elabore un nuevo documento. En el Senado, la oposición también ha dicho que, de recibir un dictamen en los mismos términos del proyecto presidencial, dará su voto en contra.

El “plan B” de AMLO para la reforma eléctrica

Bajo estas condiciones surgen dudas sobre la insistencia de López Obrador para que la reforma se apruebe a la brevedad posible y tal como fue enviada a los diputados, por lo que ante las altas probabilidades de que los legisladores no logren los acuerdos necesarios para sacar adelante el proyecto, también se vislumbra una puerta diferente por la cual el mandatario intentará llevar su iniciativa de reforma a la práctica.

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Víctor Pavón Villamayor destaca que Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tiene a su cargo la elaboración de un proyecto de sentencia sobre las reformas que se hicieron a la Ley de la Industria Eléctrica el año pasado, mismas que se encuentran suspendidas por juzgados federales al considerarlas inconstitucionales.

Para sacar “de la congeladora” las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, la ministra pretende argumentar que los cambios a esta ley secundaria no contradicen la Constitución política y que pueden aplicarse en la industria eléctrica nacional, según ha trascendido en la prensa.

“Esta es otra alternativa, fue la primera desde el año pasado, pero fue bloqueada en los tribunales federales y por eso está en la SCJN. La sustancia es la misma: tratar de explorar las dos vías –la reforma constitucional y la Ley de la Industria Eléctrica— para ver cuál se destraba”, observa Víctor Pavón.

“El jefe del Ejecutivo pensó que podía hacer sus cambios al sector eléctrico, por medio de la ley secundaria, pero luego intentó con la reforma constitucional (…) Vamos a chocar con la pared, lo veo difícil”, considera el experto.

Con la intervención de la SCJN tampoco queda claro qué tan factible será aterrizar los cambios al sector eléctrico que pretende infundir el gobierno de López Obrador.

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Tras la aprobación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, varias empresas privadas solicitaron el amparo de la justicia al argumentar violaciones a la Constitución e incumplimientos de contratos en marcha, de ahí que los juzgados federales declararon la suspensión definitiva hasta resolver el fondo del asunto.

Las empresas inconformes pueden insistir en sus argumentos, ya que en caso de fracasar la reforma constitucional, los cambios hechos en el primer trimestre de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica todavía serán objeto de controversias e impugnaciones.

GC