Presidencia de la República publicó un decreto que declara la expropiación de una superficie total de más de 1 millón de metros cuadrados de propiedad privada en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, estado de Quintana Roo, para la construcción del Tramo 5, en sus segmentos norte y sur, del Tren Maya.

El decreto, que se publicó este lunes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), refiere que la extensión objeto de incautación  –1 millón 93,118.93 metros cuadrados— abarca 36 predios de propiedad privada, de los cuales 29 están ubicados en Solidaridad, dos en Benito Juárez, dos en Puerto Morelos y tres en Tulum.

Asimismo, “la expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los propios terrenos y que formen parte de ellos”, aclaró la publicación oficial.

Una vez que se ha difundido el decreto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) procederá a la “ocupación inmediata” de los terrenos, lo que implica también que “cualquier medio de defensa no suspenderá la ocupación” o posesión que haga la federación.

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El decreto, que está firmado por el presidente López Obrador y el titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, reconoce que la expropiación causará el pago de indemnizaciones a particulares, obligación que correrá a cargo de la Secretaría.

“Sedatu cubrirá el monto de la indemnización que, en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional”, refirió el documento.

Los interesados o afectados podrán acudir al Poder Judicial, al cabo de 10 hábiles de la publicación del decreto, para inconformarse únicamente contra el monto de la indemnización pero no así contra el mismo acto de la expropiación.

Además, también se instruye al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur Tren Maya, y a la Sedatu que se coordinen con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para solicitar los recursos que sean necesarios para cumplir con el decreto.

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También se aclara que si los terrenos no se destinan para las obras Tren Maya, los afectados podrán solicitar la insubsistencia de la expropiación.

El documento argumenta que la Ley de Expropiación, que constituye la base legal del decreto, establece como causa de utilidad pública “la construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieren de bienes inmuebles y sus mejoras”.

El decreto –que entra en vigor el mismo día de publicación, es decir este lunes—se publicó a unas horas de que el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Mérida, Yucacán, concediera a la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano la suspensión definitiva de las obras del Tren Maya, en el Tramo 5 Sur.

Lo anterior como una medida cautelar en lo que se resuelve el fondo de la demanda de amparo que interpuso la organización en contra de la construcción del mencionado Tramo 5 Sur.

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Esta no es la primera vez que Presidencia de la República recurre a la expropiación para garantizar la posesión de los terrenos por donde correrá el Tren Maya, ya que el 24 de julio pasado publicó otro decreto para expropiar temporalmente ocho predios en los municipios de Tulum y Solidaridad.

Esos ocho predios reúnen 165,250 metros cuadrados, también de propiedad privada, y entre sus argumentos, la federación expuso que se el Tren Maya constituye una obra de beneficio social para las comunidades indígenas y marginadas del sureste de México y que también, por su ubicación geográfica, “es fundamental para salvaguardar las costas y la zona fronteriza con Centroamérica”.

El decreto completo puede consultarse aquí.

GC