La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) analiza interponer recursos jurídicos para impugnar el decreto presidencial, por el que se van a regularizar los autos usados importados, también llamados autos “chocolate”, en siete estados del norte del país.

El sábado de este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto que dará reconocimiento legal a la presencia de dichos vehículos en territorio nacional, a cambio del pago de un permiso de 2,500 pesos por cada unidad. Asimismo, las autoridades estatales recabarán datos de los autos “chocolate” y de sus dueños para elaborar un padrón.

El mandatario explicó que el decreto está encaminado a darles certidumbre a los propietarios de los vehículos usados importados –la mayoría de ellos procedentes de Estados Unidos— para que puedan circular libremente sin el resigo de ser detenidos, y también para llevar un control de las unidades, en la medida en que varias de ellas han sido utilizadas para cometer delitos.

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Lo que se recaude por el trámite de regularización se utilizará para financiar obras de bacheo en los municipios de los siete estados participantes: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por la industria automotriz establecida en México.

“Una vez que se publique el instrumento jurídico que fundamenta la regularización emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador se evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la federación”, refirió la AMDA en un comunicado.

Los distribuidores de automóviles consideraron que la disposición constituye una forma de tolerar el delito, ya que “se concretó la legalización del contrabando automotriz”.

Como se sabe, los autos “chocolate” se introducen al país sin pago de impuestos de importación. Por su antigüedad y sus condiciones físicas, los vehículos son atractivos para los compradores –comúnmente trabajadores migrantes— quienes los adquieren a bajo precio, pero también se caracterizan por ser unidades con altas emisiones contaminantes.

La AMDA lamentó que, en la firma del decreto –que se realizó el fin de semana en Ensenada, Baja California—, las autoridades no hablaran sobre las bases legales a partir de las cuales concedió la regularización de los autos “chocolate”.

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En opinión de la organización, las autoridades deben prohibir el contrabando de automóviles –como sucede con otras mercancías—, enfrentar las prácticas de corrupción en las aduanas y dotar de equipo tecnológico adecuado a los puntos de cruce fronterizo entre México y Estados Unidos, para identificar a los automóviles sospechosos de ser irregulares.

La AMDA también destacó la relevancia de conformar un programa integral para la movilidad en la frontera norte de México, en aras de “dotar de un sistema integrado de trasporte público, infraestructura urbana y saneamiento ambiental”, en el que deberán participar los tres niveles de gobierno y el sector privado.

GC