El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico, enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “lastima profundamente la economía de las familias mexicanas y al medioambiente”.
“La aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de derecho, al medioambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país”, aseguró en un comunicado el CCE.
Además, dijo que la iniciativa “obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea”.
Asimismo, expuso que “la imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar”, lo que significa que se violarán los tratados internacionales de los que México forma parte.
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La reforma de materia eléctrica también contradice los mandatos del Poder Judicial y violan el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes.
“Estos efectos retroactivos, que desconocen al Estado de derecho, consumarían una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país”, aseguró el CCE.
Además, se pondrá en “grave riesgo la credibilidad” del país como socio comercial y lo dejará expuesto al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales, incluyendo arbitrajes internacionales.
Los empresarios acusaron que la CFE “no ha desarrollado centrales de generación usando energías renovables de bajo costo. Por lo tanto, no ha contribuido ni contribuirá a reducir los costos de generación ni las emisiones contaminantes”.
“De aprobarse la reforma planteada por el gobierno federal, México no podrá cumplir con sus metas de reducción de emisiones frente al cambio climático, ante lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado como una crisis climática”, agregó el Consejo.
Mala señal la desaparición de reguladores
En tanto, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dijo que su partido “se opondrá rotundamente a la reforma a la CFE, porque afectará directamente al bolsillo de la clase media y tendrá consecuencias sin precedentes en el medioambiente, debido a que representa un retroceso en el uso de energías limpias y renovables”.
En tanto, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) exhortó al Congreso a que “se analicen a fondo los impactos de la iniciativa constitucional presentada por el Poder Ejecutivo federal en relación con el sistema eléctrico nacional”.
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La Asociación recordó que la iniciativa presentada incluye la desaparición de los órganos reguladores coordinados en materia energética como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
“Es fundamental que la ley garantice la existencia de reguladores con autonomía técnica y de gestión para que puedan cumplir con sus funciones principales: fortalecer el sistema energético de México y elevar la competitividad nacional”, señaló.
Segundo intento ante fracaso de reformas a leyes secundarias
Este viernes, el presidente dio a conocer que envió al Congreso su iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico, que pretende establecer que la CFE tenga el 54% del mercado.
El 46% restante se va a conservar para las empresas particulares, para que haya “una auténtica y una verdadera competencia”, agregó.
En esta misma iniciativa, se establece que “todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria, de nuestro territorio, es de los mexicanos, de la nación”.
El mandatario decidió presentar una reforma constitucional, dado que sus reformas a leyes secundarias del sector energético, encaminadas a dar prioridad a las compañías estatales CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), se encuentran frenadas ante los tribunales por un alud de amparos de compañías privadas.
GC





