El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) destacó que el acuerdo del gobierno federal para fomentar la inversión productiva constituye un avance importante para destrabar proyectos y acelerar la actividad económica en el corto y mediano plazos.
En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresaria (CCE) subrayó que este mecanismo cobra especial relevancia, ya que sin una mayor inversión privada y sin un entorno confiable para los negocios, México difícilmente podrá alcanzar tasas de crecimiento más altas y sostenidas.
En ese sentido, reiteró que la inversión privada es el principal motor del crecimiento económico, al incrementar el acervo de capital, elevar la productividad y propiciar la creación de empleos formales de calidad, con efectos positivos sobre el bienestar de los hogares.
En México, añadió, la inversión privada concentra casi 90% de la inversión total, lo que la convierte en un factor decisivo para ampliar la capacidad productiva del país. Del total de recursos canalizados por el sector privado, alrededor de 90% proviene de empresas medianas y grandes, mientras que las micro y pequeñas aportan el resto.
Bajo este contexto, el organismo recordó que para que la economía mexicana pueda expandirse de manera consistente a una tasa de 4% anual, es necesario que la inversión se mantenga por encima de 25% del Producto Interno Bruto (PIB) durante un periodo prolongado.
Para lograrlo, el Centro insistió en que es indispensable fortalecer un ambiente de certeza jurídica, así como reducir factores como la corrupción y la inseguridad, que inciden directamente en las decisiones de inversión.
Con ese objetivo, destacó el acuerdo recientemente publicado por el gobierno federal, el cual establece criterios generales y lineamientos operativos para promover la inversión productiva y facilitar el cumplimiento fiscal.
Según el organismo, este mecanismo permitirá identificar proyectos en sectores estratégicos con potencial para impulsar el crecimiento y la generación de empleo, además de establecer un proceso simplificado para su autorización.
El esquema contempla cero costos burocráticos, de manera que los trámites administrativos no retrasen la ejecución de las obras ni el inicio de operaciones. También incorpora la figura de afirmativa ficta, por lo que, si la autoridad no emite una resolución en un plazo de 90 días, el proyecto podrá considerarse autorizado.
El CEESP destacó que uno de los principales beneficios del nuevo procedimiento es la certeza jurídica que ofrece el proceso electrónico, al garantizar transparencia y eficiencia en cada etapa.
A juicio del organismo, facilitar y agilizar la aprobación de proyectos de inversión es un paso apropiado para estimular la actividad productiva y la creación de empleos formales de calidad, por lo que el nuevo acuerdo podría convertirse en una herramienta eficaz para impulsar el crecimiento económico en el corto y mediano plazos.
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