La inversión productiva derivada del fenómeno de relocalización internacional de empresas o “nearshoring” ha beneficiado principalmente a los estados del norte y a algunos del centro y del occidente del país, lo que fortalecerá su crecimiento económico, su captación de ingresos tributarios y sus participaciones federales.

Sin embargo, para mantener esta tendencia favorable, las entidades federativas tendrán igualmente que elevar sus gastos en inversión para infraestructura pública, en aras de conservar su competitividad para atraer a la inversión extranjera directa, refirió Moody’s Local México en el reporte “Impacto desigual a nivel estatal por el nearshoring”.

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En el primer semestre de 2023, México captó una inversión extranjera directa por 29,041 millones de dólares (mdd), prácticamente igual que lo captado en 2022, con 29,596 mdd –sin considerar la fusión de Televisa y Univision—.

En este sentido, “se espera un importante aumento en este año y los siguientes”, de lo que se desprende que la industria manufacturera ha sido el sector más beneficiado entre las actividades productivas, mientras que a nivel regional, los estados de Aguascalientes, Baja California, Jalisco, México y Nuevo León, han sido los principales receptores, refirió Moody’s Local México.

Como consecuencia de este fenómeno, las entidades federativas beneficiadas por la inversión extranjera han observado un comportamiento más dinámico de su economía respecto a la economía nacional.

Este es el caso de los estados de Guanajuato, Jalisco, México y Nuevo León, han observado tasas de crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) de 2% anual entre los años de 2011 y 2021.

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Gracias a este comportamiento, esas entidades federativas han logrado aumentar su captación de impuestos. Un claro ejemplo es el Impuesto Sobre Nómina (ISN) que se cobra a las empresas.

Con excepción del año 2020, cuando se presenta la pandemia del Covid-19, los cuatro estados mencionados vieron crecer el cobro del ISN a tasas de 8% anual, derivado de la contratación de trabajadores que realizan las empresas que invierten.

Como se sabe, el ISN es un tributo que cobran los estados, por lo que ante la afluencia de nuevos proyectos productivos, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Nuevo León han realizado actualizaciones al padrón de contribuyentes y han revisado las tasas que cobran por el impuesto.

En la medida que el Fondo General de Participaciones (FGP) de la federación toma como criterios el crecimiento económico y la recaudación propia, los estados de Guanajuato, Jalisco, México y Nuevo León también se han beneficiado de un mayor reparto de esos recursos desde la federación.

Entre los años 2013 y 2022, la proporción del FGP que han recibido los estados mencionados aumentó de la siguiente manera: Guanajuato, de 4.1% a 4.6%; Jalisco, de 6.4% a 6.7%; México de 13.5% a 14.1% y Nuevo León, de 4.6% a 4.8%.

“Aunque un cambio de solo dos decimales parezca menor, en realidad representan montos importantes. Por ejemplo, en 2022, 0.2% del FGP representó 1,550 millones de pesos (mdp)”, aclaró el reporte.

Una mayor captación de ingresos tributarios y de participaciones federales fortalecen las finanzas públicas de los gobiernos locales, lo que combinado con un manejo fiscal responsable de la administración pública, mejora el perfil crediticio de los estados y sus municipios.

De esta manera, los gobiernos locales están en mejores condiciones de recibir créditos y también para gastar en obras de infraestructura pública, que atienda a las necesidades de la población y de la inversión productiva.

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Sin embargo, “la mayoría de los estados calificados por Moody’s Local México han disminuido el gasto en obra pública respecto a los montos ejercidos en 2018. En 2022, el gasto en capital a gasto total de los estados calificados por Moody’s Local fue de 3.7%, mientras que en 2018 fue de 5.5%. La principal razón es la disminución en transferencias federales etiquetadas”, advirtió el reporte.

Asimismo, Moody’s Local México ha notado que la mayoría de las 32 entidades federativas del país no han contratado deuda para financiar obras de infraestructura.

Esta situación pone en riesgo la capacidad de las regiones del país, tanto las que han sido más beneficiadas por “nearshoring” como las que no han captado amplios flujos de inversión productiva, para atraer nuevos proyectos productivos e impulsar su crecimiento.

“Para seguir atrayendo inversión privada, los estados tendrán que seguir invirtiendo para mantener en buenas condiciones la infraestructura carretera estatal, asegurar la provisión de agua y otros servicios para la industria y la población”, refirió el reporte.

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Actualmente, las actividades sociales y productivas de varias regiones del país enfrentan escasez de agua y de energía; en tanto que las regiones que más han recibido inversión necesitan ampliar los terrenos disponibles para naves industriales, ante una alta demanda que ha agotado los inventarios de espacio.

Un ejemplo el estado de Nuevo León, que tiene en marcha el proyecto del Acueducto el Cuchillo II y la Presa Libertad, que ha implicado inversiones de 12,244 mdp y 7,000 mdp, respectivamente, con coparticipación estatal y federal.

“En este sentido, no todos los estados están posicionados para poder ejecutar el nivel de infraestructura necesaria y por ende estarán más limitados en su capacidad para captar un porcentaje mayor de inversión extranjera directa”, concluyó Moody’s Local México.

GC