El Estado necesita ser consciente de que manifestaciones no se mitigan con enfrentamientos, sino con políticas que suavicen los impactos económico
Por Daniela Blancas
Daniela Blancas
Las presiones sociales se siguen extendiendo en el mundo. Las más recientes manifestaciones en Chile y Barcelona, sumadas a las de Hong Kong, Líbano, Francia, Ecuador y Bolivia, entre otros, ponen en claro el descontento generalizado de la sociedad. Aunque cada una tiene un detonante diferente (recorte de subsidios, mayores impuestos, políticas migratorias, etc.), la razón de fondo es muy similar: un hartazgo por la disparidad económica y de oportunidades.
Estas desigualdades llevan tiempo gestándose y responden a varios factores. El modelo económico ha ahorcado a la clase media, ampliando la brecha del ingreso y limitando las oportunidades de ascender escalones socio-económicos. A raíz de las diferentes crisis económicas, en especial en países emergentes, la comunidad internacional ha hecho hincapié en el control de las finanzas públicas, a limitar el gasto y el endeudamiento, acuñando así un arma de doble filo. Por un lado, hay una clara necesidad de mantener finanzas públicas saludables y evitar el sobreendeudamiento. Pero, con el afán de cumplir estas metas, los gobiernos se han vistos forzados a implementar medidas de austeridad, cuyos costos ha pagado la sociedad. En la última década, posterior a la Gran Recesión, el crecimiento y desarrollo económico ha sido particularmente limitado en todo el mundo, lo que abre muy pocas posibilidades de mayores beneficios sociales.
Si a esto le sumamos el desencanto con las instituciones y la élite política, la erupción de la inconformidad se profundiza. Esto claramente se refleja en las elecciones, donde el votante prefiere escoger actores no “tan” políticos. Los escándalos de corrupción en la clase política, el enriquecimiento ilícito, la adjudicación de contratos públicos a familiares y amigos, los sobornos, el patrocinio de campañas políticas, entre otros, acentúan aún más las desigualdades.
En especial, destaca el papel que los jóvenes han jugado en esta ola de manifestaciones. Por un lado, ha sido un sector muy vulnerable a la falta de oportunidades y la baja creación de empleos. Por otro, ven con desconfianza los beneficios de un sistema democrático, ya que muchos de ellos no vivieron otros regímenes políticos; por ejemplo, las dictaduras en Chile y España. La desconfianza en casi cualquier institución incita fácilmente a buscar un cambio de régimen. Asimismo, el manejo de las redes sociales ha facilitado la organización, la empatía entre grupos con ideologías similares, la globalización de imágenes y la rápida expansión del movimiento.
La fuerza de las manifestaciones sigue aumentando y su papel como amenaza y coerción ha funcionado. En casi todos los casos, las medidas iniciales que propiciaron este levantamiento social han sido revertidas. Sin embargo, también se abre la puerta a movimientos más extremos, a vandalismo y violencia que, por ende, genera una represión más agresiva por parte del gobierno. El equilibrio siempre ha sido complicado. Vivimos en un momento donde la tolerancia parece ser inexistente, la polarización ideológica es cada vez mayor y la voz de la sociedad no está dispuesta a someterse a los gobiernos. El Estado necesita ser consciente de que estos movimientos no se mitigan con enfrentamientos, sino con políticas que suavicen los impactos económicos y reduzcan las desigualdades sociales.
Daniela Blancas