Es común escuchar el rechazo contundente que manifestamos al maltrato que se les da a los mexicanos que intentan cruzar la frontera norte. Sin embargo, difícilmente estamos dispuestos a escuchar críticas sobre cómo tratamos a los migrantes en nuestra frontera sur. Es más, no sabemos ni qué ocurre a pesar de que el maltrato es igual o peor. Una gran contradicción. Hasta ahora, que se ha vuelto un conflicto diplomático, nos preguntamos qué posición debemos tomar frente a la migración: ¿debemos o no ayudar a los migrantes? La situación en la frontera sur no es nueva, sólo que nunca le hemos puesto mucha atención, ni como sociedad ni como prioridad en las políticas públicas. La situación que se vive en Centroamérica, en especial en El Salvador, Honduras y Guatemala es preocupante. La penetración del crimen organizado en la sociedad ha empujado a que familias enteras tengan que desplazarse y busquen alguna manera de sobrevivir. Para dimensionar, según la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2006 a 2016 (hasta donde hay cifras), los homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes han pasado de 44 a 27 en Guatemala, de 41 a 56.5 en Honduras y de 65 a 83 en El Salvador (de 9.5 a 19 en México). Los niveles para Honduras y El Salvador son los máximos de la muestra y son comparables a cifras en países en guerra. Aunado a este incremento de la inseguridad, la migración responde también a la falta de estado de derecho, de un marco institucional, de oportunidades, de desarrollo económico, alta corrupción, estados fallidos, entre otras. De octubre 2018 a mayo 2019, EUA reportó cerca de 676 mil detenciones en la frontera, de las cuales 148 mil fueron de personas provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, superando la cifra de los últimos años. De esta cifra, ¡47 mil son niños no acompañados! Una característica importante de esta nueva oleada de migrantes, es que tanto las familias completas como los niños no acompañados se han incrementado notoriamente; es decir, ya no es sólo una migración en búsqueda exclusiva de trabajo de un miembro de la familia que mandará el dinero a su país de origen, sino una movilización definitiva, sin posibilidades de regresar por falta de oportunidades, pero sobretodo, por la violencia e inseguridad. En el momento en que la actual administración flexibilizó la política migratoria y declaró que México es un país con fronteras abiertas y que recibirá y respetará a los migrantes centroamericanos, el flujo de migrantes se intensificó. Así, le dimos la bala perfecta a Donald Trump para que usara sus posiciones extremas anti-migratorias contra nosotros. Con el acuerdo que “firmamos” la semana pasada para evitar las tarifas de 5%, pactamos desplazar a 6 mil elementos de la Guardia Nacional (10% del total) para proteger la frontera sur y evitar nuevo flujo de indocumentados. Previamente, esta policía y milicia estaban a cargo de la seguridad y la guerra contra el narcotráfico en el país, por lo que ahora dejamos un hueco en el tema de seguridad interior. Asimismo, aunque en la agenda de negociación de México está evitar a toda costa convertirse en Tercer País Seguro, el resultado final es que los migrantes en espera de respuesta del gobierno estadounidense sobre su proceso de asilo deberán regresar a México, que se compromete a refugiarlos. La resolución puede durar hasta 5 años, lo que impondría retos enormes para la absorción de estas personas en la economía. Se estima que EUA podrían enviar de regreso a México alrededor de 500 mil migrantes involucrados en este proceso. ¿Cómo se hará frente a todo esto? ¿Qué estrategia debería seguir el gobierno, en especial para darle resultados a Trump en 90 días? ¿Aceptamos sólo a un número de migrantes, a todos, o a ninguno? ¿Quién pagará el costo de proveer refugio? No tengo las respuestas, ni creo que el gobierno las tenga. El problema tiene muchos aristas y posturas contradictorias; difícil de abarcar todas en estas líneas. La pregunta más inmediata es, ¿debemos ayudar a los migrantes? La razón humanitaria y el compromiso moral son las razones más poderosas para ayudar a personas en necesidad, lo que avala políticas a favor de emitir permisos de trabajo, ofrecer seguridad social, alimentación, educación y vivienda. ¡Estamos hablando de más de 47 mil niños! Esto es difícilmente discutible. Sin embargo, económicamente la discusión es mucho más compleja. Toda economía tiene un límite para recibir migrantes y ofrecer trabajo, educación, salud y vivienda antes de que se sature el sistema, se vuelva insostenible y desestabilice a la economía, como lo demuestra la reciente experiencia de Alemania. Por si esto no fuera suficiente, México tiene sus propios problemas: altas tasas de informalidad, desempleo al alza, desabasto de servicios de salud, insuficiencia educativa, crimen organizado y una economía que crece marginalmente. También atravesamos por un proceso de reconfiguración del gasto público, con una política fiscal restrictiva, alta ineficiencia en el gasto e ingresos decrecientes. En pocas palabras, no hay recursos para hacer frente al retorno de los migrantes a México. Y peor aún, no existe una estrategia de largo plazo para resolver el problema. Así, las medidas pactadas con la administración Trump sólo nos dan tiempo, pero no son una solución sostenible, ni se acercan a ella. Es más, dudo que se puedan evaluar en 45-90 días. No existe un marco institucional ni una estrategia que ayude a generar una buena política socio-económica y las instituciones actuales son insuficientes e ineficientes. Quizá lo único positivo de esta crisis sea que pone al descubierto nuestra postura dual y contradictoria frente al fenómeno migratorio en nuestras fronteras norte y sur y, tal vez, fomente la creación de políticas regionales integrales que busquen aliviar sus causas e impactos con una visión de largo plazo. Daniela Blancas