Resulta innegable el avance que hemos hecho en pro de un mundo más limpio. Ahora somos mucho más conscientes del cuidado del planeta, escogemos productos reciclables o que contaminen menos, somos más cuidadosos con el agua y la contaminación de ríos y mares, usamos la electricidad responsablemente y aplaudimos, en su momento, el Protocolo de Kioto y los discursos de Greta Thunberg. Enseñamos a las siguientes generaciones a cuidar el medio ambiente y caminar hacia una transformación ambiental. A pesar de fuertes opositores como Donald Trump y ahora también Lopez Obrador, la ideología va en esa dirección y las inversiones también. El año pasado, la inversión global en energías renovables alcanzó poco más de 280 mil millones de dólares en todo el mundo. Las empresas se han dado cuenta del potencial de transformar las industrias y el consumo hacia energías limpias, las cuales han resultado ser más baratas. Según Bloomberg Green, en los últimos diez años, debido a los avances tecnológicos, el costo de la energía solar ha bajado 85% y el de energía eólica 50%. Inclusive, en dos terceras partes del mundo, las energías renovables son más baratas que la utilización de combustibles fósiles. A pesar de esto, en México el mercado se había tardado en despegar por la falta de un marco regulatorio. La reforma energética de 2013 abrió las puertas a la inversión privada extranjera y nacional y ahora suman más de 100 empresas involucradas en el sector. Entre 2018 y 2019, la inversión fue de cerca de 8 mil millones de dólares en energías renovables en el país, la gran mayoría en proyectos de energía solar. Las subastas de proyectos de energías limpias tuvieron alta demanda, reflejando el apetito de las empresas por entrar al mercado mexicano. En las últimas semanas, López Obrador ha dado pasos en la dirección contraria, deshaciendo parte del marco legal y operativo que ya se ofrecía a estas inversiones. La supuesta justificación es para “asegurar el funcionamiento correcto del sector eléctrico durante la contingencia”. Como en todo el mundo, la demanda de electricidad se ha desplomado, principalmente por el cierre de la industria y zonas comerciales. En México se calcula una caída de cerca de 11% en promedio con zonas cayendo más de 20%; sin embargo, los expertos reiteran que la magnitud de la caída es algo que ven en la estacionalidad de la demanda y que no pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico. Es decir, no hay argumento técnico válido para asumir que el sistema será afectado por la crisis de salud. Entonces, ¿qué pretende López Obrador con esta política? El discurso para defender a PEMEX y CFE no ha estado oculto en la agenda del presidente. Por diferentes canales ha querido fortalecer y dar soporte a ambas empresas, sin considerar una verdadera reforma que vuelva a estas instituciones sanas, rentables y eficientes; por el contrario, siguen dependiendo del apoyo del gobierno. El freno a la generación de electricidad por energías renovables apunta hacia esa filosofía lopez-obradoriana. Al dejar de lado a las energías renovables, CFE tendrá que generar energía con combustóleo que compra de PEMEX, ayudando a ambas paraestatales, sin importar que comprará energía no sólo más cara sino altamente contaminante. Aunado a lo anterior, el gobierno continúa con fricciones hacia las inversiones privadas y argumenta que han sido contratos asignados bajo un marco corrupto o sin considerar al pueblo – la cancelación del aeropuerto, la renegociación de los gasoductos, la cancelación de la cervecera, entre otros. En el caso de las energías renovables, argumentaron que no dieron un “trato justo” a CFE, la cual carece de recursos para invertir o desarrollar nuevas tecnologías. Hasta este momento, muchas empresas se han amparado y han conseguido que se revierta una parte de los nuevos acuerdos. Sin embargo, se ve difícil que todo se restituya. Las embajadas de muchos países han mandado cartas al gobierno pidiendo que se respete el marco regulatorio y las inversiones. Al parecer, Rocío Nahle se reunirá con el Embajador de Canadá para discutir este tema. Ahora bien, el gobierno tiene un argumento poderoso pero engañoso: decir que esto es temporal por la contingencia, pero el fin de “esa” contingencia será dictado por ellos mismos. Mientras tanto, las empresas no pueden vender la energía barata que producen, ocasionando desperdicio de energía limpia y probables problemas de solvencia en un futuro cercano. Aunque muchas empresas podrán acercarse a los vehículos legales existentes tanto locales como internacionales, la situación es muy preocupante. El gobierno ha utilizado fast tracks para hacer los movimientos y se ha aprovechado de la situación actual. La negativa del presidente de ver el impacto del coronavirus (y el mal manejo de la crisis), el deterioro económico y la imperante necesidad de atraer inversiones, está destruyendo mucho más valor de lo que la administración puede imaginar – sin considerar el impacto ambiental de producir energía con combustóleo. Esto es retroceder varias décadas y condenar nuevamente a las generaciones futuras. Daniela Blancas