El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió las primeras resoluciones sobre los diferendos judiciales de Grupo Salinas con el gobierno federal por el pago de impuestos atrasados y que echan para atrás sus intentos para obtener el amparo de la justicia contra el criterio de las autoridades fiscales.

El Pleno de nueve ministros del Alto Tribunal desechó este jueves las solicitudes de amparo que interpusieron en su momento Grupo Elektra y TV Azteca —pertenecientes al Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego— contra las sentencias de tribunales de circuito que las condenaron a pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un monto global de más de 48,000 millones de pesos (mdp), correspondientes a años pasados.

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Los ministros —quienes fueron electos por voto popular el 1 de junio en las primeras elecciones judiciales— consideraron que ha lugar el acuerdo de Norma Piña Hernández, expresidenta de la SCJN, para aceptar a trámite una solicitud de amparo de Grupo Elektra, contra una resolución de un tribunal de circuito.

Al contradecir la decisión de Norma Piña, los ministros de la SCJN ratificaron la sentencia del tribunal federal que en su momento condenó a la compañía a pagar impuestos por 33,306 millones de pesos (mdp), cifra que incluye el monto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) no pagado en 2013, más multas, recargos y actualizaciones.

Posteriormente, los juzgadores desecharon otros juicios de amparo en revisión, tramitados por Grupo Elektra en tribunales colegiados, por cantidades de 1,431.5 mdp correspondientes al año 2008; 2,004.8 mdp de 2016; 1,604 mdp de 2012 y de 4,917 mdp de 2011, con lo cual se confirmaron las sentencias emitidas por esos órganos jurisdiccionales y la empresa se obliga a pagar esas cantidades reclamadas.

Asimismo, los ministros rechazaron otros recursos legales promovidos por TV Azteca ante tribunales colegiados, con lo cual se respalda la sentencia de los órganos jurisdiccionales y la empresa se hace acreedora a pagar 2,478 mdp de impuestos de 2009 y 2,616 mdp de 2013.

En sus argumentos, que fueron valorados por los tribunales y juzgados federales, el SAT acusó a las empresas de acudir a estrategias de evasión y elusión fiscales, en aras de reducir su carga tributaria.

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En la sesión del Pleno de la SJCN, los ministros también rechazaron las reclamaciones de las empresas de Grupo Salinas para impedir la votación de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, al acusarlas de estar impedidas legalmente al no dar garantías de imparcialidad.

Los nueve ministros votaron de manera unánime todas las resoluciones.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había manifestado su confianza en que el Alto Tribunal iba a resolver con pleno apego a derecho sobre los conflictos jurídicos de Grupo Salinas con el SAT por los impuestos atrasados, en aras de hacer justicia y proteger las finanzas públicas.

Grupo Salinas explota contra la SCJN

Una vez conocidas las resoluciones de la SCJN, Grupo Salinas manifestó su enojo al llamarla “Corte espuria que viola derechos humanos” y advirtió que acudirá a otras “vías” o instituciones, incluso internacionales, para hacer valer sus garantías como contribuyente.

“En una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos, (los ministros de la SCJN) desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal, para servir a sus intereses y renunciado a su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos”, acusó el corporativo en un comunicado.

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Grupo Salinas acusó a la SCJN de actuar políticamente, al no atender “el fondo jurídico” de sus argumentos, tirar por la borda un litigio de más de 12 años y obviar “el linchamiento mediático contra nuestro presidente fundador, Ricardo Salinas Pliego”.

El corporativo acusó que el gobierno asume una actitud abusiva, ya que pretende cobrarle más impuestos de los que realmente debe pagar, y también acusó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de negarse al diálogo, porque no ha respondido a sus solicitudes para cuantificar exactamente el monto de los impuestos que debe, “con apego a derecho” y “sin cobros dobles o ilegales”.

GC