La Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) confirmó la validez de las sanciones impuestas a Grupo Chedraui por prácticas monopólicas en el mercado de tortillas en el municipio de Huixtla, Chiapas, al rechazar el amparo promovido por la cadena de supermercados contra la resolución del regulador de competencia.

El Máximo Tribunal resolvió por unanimidad que los artículos de la Ley Federal de Competencia Económica impugnados por la empresa son constitucionales y no vulneran el principio de presunción de inocencia. Con esta decisión, el fallo de la entonces Comisión Federal de Competencia Económica —actual Comisión Nacional Antimonopolio— mantiene vigencia.

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La resolución deriva de una investigación iniciada tras una denuncia presentada en 2019 por Walmart de México, que señaló posibles acuerdos entre productores y comercializadores de maíz, así como la participación de una tienda de Chedraui en Huixtla para manipular el precio de la tortilla en esa región.

Después de varios años de indagatoria, la autoridad de competencia concluyó en 2023 que existió coordinación entre actores del mercado para elevar el precio del producto y limitar la cantidad que se ofrecía a los consumidores. Como resultado, el organismo regulador impuso multas económicas a la compañía y a uno de sus directivos.

Ante esta decisión, Chedraui acudió a tribunales y cuestionó la constitucionalidad de los artículos 3, 4 y 127 de la legislación antimonopolios. La empresa argumentó que esas disposiciones permitían sancionar a una compañía por la conducta de un solo empleado, lo que vulneraba el derecho a la presunción de inocencia.

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El proyecto de resolución concluyó que dichos argumentos carecen de sustento. El fallo establece que la ley exige que la autoridad investigue y demuestre la participación de la empresa en conductas ilegales antes de imponer sanciones.

A pesar de la decisión, el litigio aún no concluye. La Corte ordenó que un tribunal colegiado revise aspectos específicos de la sanción, entre ellos el contexto de las reuniones en las que se acordaron los precios de la tortilla, las cuales habrían sido convocadas por una autoridad municipal.

Ese análisis determinará si la multa se mantiene en sus términos actuales o si procede algún ajuste.

GC