La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas a cuatro empresas por haber incurrido en irregularidades en procesos de contrataciones públicas con dependencias federales.
Las compañías sancionadas son Constructora Rusva, B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, Eyasa y Mustache Software, las cuales quedaron inhabilitadas temporalmente para celebrar contratos con la administración pública federal, informó la Secretaría en un comunicado.
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Según la dependencia, las sanciones derivan de la entrega de información falsa en distintos procedimientos de contratación, lo que motivó la imposición de multas económicas y periodos de inhabilitación conforme a la normatividad vigente.
En el caso de Constructora Rusva y B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, ambas empresas recibieron multas por 977,130 pesos cada una, además de una inhabilitación por un año y seis meses.
Las irregularidades se detectaron en contratos relacionados con obras hidráulicas adjudicadas por la Comisión del Agua del Estado de México, específicamente en proyectos de rehabilitación de sistemas de agua potable y perforación de pozos en municipios del Estado de México.
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Las sanciones fueron notificadas el 19 de diciembre de 2025.
En tanto, la empresa Eyasa fue sancionada con una multa de 814,275 pesos y una inhabilitación de un año y tres meses, tras comprobarse que presentó información falsa en un contrato vinculado a estudios para la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia y tecnologías de tratamiento en zonas rurales. La notificación correspondiente se realizó el 18 de diciembre de este año.
En otro caso, el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional (Lotenal) impuso a la empresa Mustache Software una multa de 155,610 pesos, además de una inhabilitación por tres meses, luego de detectar inconsistencias en la documentación presentada durante una licitación pública para el desarrollo de sistemas informáticos bajo la modalidad de fábrica de software. Esta sanción fue notificada el 17 de diciembre de 2025.
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Las resoluciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevos procesos de contratación con el gobierno federal mientras dure la sanción.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que las medidas se aplicaron “conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad, gravedad de la falta y protección del interés público”.
Asimismo, la dependencia precisó que las empresas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones, aunque el gobierno defenderá las sanciones al considerar que fueron impuestas con apego al marco jurídico.
GC
