Raúl Franco Morones fue nombrado como director general de Exportadora de Sal SA de CV (ESSA), una empresa de gobierno, en relevo de Gregorio Cavazos Rodríguez, quien renunció al cargo hace unos días.

El nombramiento del nuevo funcionario fue una decisión unánime del Consejo de Administración de la compañía, en una sesión celebrada el pasado 25 de marzo, informó la Secretaría de Economía en un comunicado.

Cavazos Rodríguez, empresario de la industria de la construcción y cercano a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, ocupó la dirección general de ESSA poco más de un año, debido a que asumió el cargo a principios de 2021.

ESSA está localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur, en donde opera la salina más grande del mundo, con una capacidad de producción de más de 8 millones de toneladas anuales.

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Además, la empresa opera las instalaciones de carga de barcos en la Isla de Cedros, Baja California, con capacidad para recibir y cargar barcos de hasta 180,000 toneladas, según el sitio de internet de ESSA.

Raúl Franco es ingeniero mecánico administrador por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y también tiene una maestría en Ingeniería Industrial, por la universidad Georgia Institute of Technology.

Antes de llegar a la dirección de ESSA, el funcionario tuvo otros cargos como controlar en el área de Adquisiciones del gobierno municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, informó la Secretaría de Economía.

Exportadora de Sal, bajo la lupa

En el sexenio pasado, ESSA estuvo en medio de una polémica por las acusaciones contra Jorge Humberto López Portillo Basave, quien fue director general de la empresa y quien fue destituido por diversos presuntos actos de corrupción.

Al exfuncionario se le responsabilizó de haber adquirido una embarcación por 27.2 millones de dólares (mdd), sin haber solicitado autorización del Consejo de Administración, así como por acordar la venta irregular de salmuera a la empresa Packsys.

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En su momento, el año 2016, el exfuncionario se defendió con el argumento de que fue víctima de una persecución política del gobierno federal, al haber descubierto presuntos malos manejos en el Consejo de Administración, que causaron daños económicos a ESSA y que beneficiaron a la japonesa Mitsubishi.

López Portillo Basave comentó que Mitsubishi tiene una participación de 49% en ESSA y que ha ejercido un doble papel como copropietaria y cliente de la empresa estatal.

GC