El cierre de la empresa First Brands Group y de sus filiales en México no está relacionado con los aranceles impuestos por Estados Unidos, sino que se debe a un proceso de quiebra que se originó en ese país, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia de prensa de todas las mañanas, a mandataria explicó que la situación responde a problemas del corporativo en territorio estadounidense y que, como consecuencia, sus plantas en México dejaron de operar. 

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Sheinbaum Pardo aseguró que no existe una relación entre este cierre y las políticas comerciales entre ambos países, ni con alguna medida específica contra la industria nacional.

“Esta empresa que está cerrando, que se declaró en quiebra, no tiene que ver con los aranceles. Es una quiebra en Estados Unidos y sus filiales en México están cerrando. Pero cierra en Estados Unidos, y tiene que ver con otros temas distintos de esa empresa”, comentó la mandataria, al insistir en que el caso de First Brans Group —fabricante de autopartes— no puede considerarse como una consecuencia de los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a México.

Asimismo, Claudia Sheinbaum dijo que ella misma abordó este asunto con representantes de la industria automotriz, con quienes llegó a la coincidencia en que lo indicado es evitar la pérdida definitiva de esa capacidad productiva.

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En ese sentido, explicó que una de las alternativas que se analiza es que otras compañías puedan adquirir los activos de First Brands Group tras el proceso de quiebra.

Ante las afectaciones laborales derivadas del cierre de las plantas de la compañía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó, a través de un comunicado, que ya tomó conocimiento del caso y que activó un esquema de atención para respaldar a los trabajadores que se quedarán sin empleo.

La STPS colabora de forma coordinada con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y autoridades laborales estatales, con el propósito de vigilar que se cumpla la legislación vigente y que se respeten los derechos de los empleados afectados.

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El acompañamiento institucional incluye asesoría jurídica gratuita, orientación laboral y, cuando resulte necesario, la intervención de los mecanismos de conciliación para asegurar el pago de salarios, prestaciones, indemnizaciones y cuotas de la seguridad social.

La STPS reiteró que permanecerá disponible para atender a los trabajadores y garantizar el respeto a sus derechos laborales.

GC