El gobierno de Estados Unidos dio por cumplidos los acuerdos de reparación que alcanzó el gobierno mexicano con las empresas Teklas, ubicada en Aguascalientes, y Draxton, situada en Guanajuato, que fueron acusadas el año pasado por haber violado los derechos de libertad sindical y contratación colectiva de sus trabajadores.
La oficina del Representante Comercial del gobierno de Estados Unidos informó que se resolvieron de “manera exitosa” las quejas que interpuso contra las plantas de esas compañías –ambas fabricantes de autopartes—, tras solicitar en 2023 al gobierno de México que revisara su situación laboral, conforme al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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En el caso de la planta de Teklas en Aguascalientes, el gobierno mexicano encontró que efectivamente la empresa denegó los derechos de libertad sindical y contratación colectiva, al intimidar y despedir a trabajadores, en represalia por su activismo sindical.
En este sentido, el gobierno mexicano acordó con la empresa reestructurar su departamento de recursos humanos, lo que implicó nombrar a un nuevo jefe de personal y contratar a un asesor legal especializado en asuntos sindicales.
“Reconocemos al gobierno mexicano y a la empresa por dar pasos concretos para garantizar que el personal de recursos humanos no interfiera en los derechos de los trabajadores para elegir a sus representantes sindicales y por reinstalar a trabajadores que fueron despedidos por ejercer ese derecho”, comentó la oficina del Representante Comercial, a través de un comunicado.
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Entre la serie de acuerdos que alcanzaron las autoridades mexicanas con Teklas, la empresa reinstaló a los trabajadores que fueron despedidos y les pagó los salarios caídos y las prestaciones que dejaron de percibir mientras estuvieron fuera de la compañía.
Otra medida consistió en que las autoridades visitaron la planta en enero pasado, previo a unas votaciones que se desarrollaron en ese mes para que los trabajadores eligieran a su representación sindical y que ganó la organización Liga Sindical Obrero Mexicana (LSOM).
Las autoridades debían cerciorarse que los trabajadores estuvieran enterados del proceso y que tuvieran información suficiente y una copia de su contrato colectivo de trabajo.
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Sobre el caso de Draxton, la oficina del Representante Comercial ratificó que se cumplió el acuerdo de remediación que previamente ya habían establecido las autoridades mexicanas y la misma compañía, y que además ya había recibido, en julio de 2023, el visto bueno del gobierno norteamericano.
En un comunicado por separado, el gobierno estadounidense precisó el plazo establecido para que se cumplieran las medidas de remediación fue el 31 de octubre del año pasado.
La oficina del Representante Comercial recordó que, entre otras obligaciones, Draxton debió reinstalar a un trabajador despedido en represalia por sus actividades sindicales y pagarle sus salarios caídos.
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Asimismo, la compañía debió asumir un compromiso en el sentido de no promover actitudes de discriminación, acoso, intimidación, coerción, amenazas, represalias y violencia contra cualquier trabajador. Además de que Draxton adoptó lineamientos sobre neutralidad sindical y el respeto a los derechos de libertad sindical y contratación colectiva de los trabajadores.
Otra disposición consistió en que las autoridades mexicanas debieron acudir a la planta de Draxton en Irapuato, Guanajuato, previo a un recuento de los trabajadores, para elegir al sindicato de su preferencia como representante laboral, procedimiento efectuado en noviembre de 2023.
Al cabo del recuento, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA) ganó las votaciones.
GC
