El gobierno mexicano dio por concluida la atención de un conflicto laboral suscitado en la empresa Akwel Juárez México, SA de CV, ubicada en Ciudad Juárez Chihuahua, mediante la aplicación de un plan de reparación por violaciones a los derechos de libertad sindical y contratación colectiva.
Las acusaciones contra la empresa —especializada en la fabricación de autopartes— se presentaron a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una instancia enfocada en procesar conflictos laborales en las empresas de México que se benefician del Tratado.
Antecedentes y ruta del caso
El caso inició el 22 de noviembre de 2024, cuando la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR en inglés) solicitó al gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, revisar posibles irregularidades laborales en la planta, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de un comunicado.
El 26 de noviembre de ese mismo año, México aceptó la solicitud e inició una investigación formal. Tras 45 días de indagatorias, el 6 de enero de 2025, las autoridades mexicanas compartieron los resultados con el gobierno estadounidense.
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Posteriormente, y luego de consultas intergubernamentales, el 31 de octubre de 2025 ambos países acordaron un plan de reparación conforme al Anexo 31-A del T-MEC, con el objeto de reivindicar los derechos laborales y fortalecer las condiciones para el ejercicio de la libertad sindical.
El proceso permitió “garantizar un entorno de respeto a la libertad de asociación y la negociación colectiva” dentro de la instalación, refirió el comunicado.
Las acciones para reparar el daño laboral
Entre las medidas aplicadas destacó la restitución de trabajadores despedidos injustificadamente, con la obligación de la empresa de ofrecer la reincorporación inmediata e incondicional, respetar antigüedad y cubrir salarios caídos; quienes no aceptaron regresar recibieron su liquidación legal completa.
También se reestructuró el área de Recursos Humanos, se impusieron medidas disciplinarias, se impartieron capacitaciones externas a personal directivo y se contrató asesoría legal especializada para reforzar prácticas laborales adecuadas.
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El plan incluyó políticas de tolerancia cero contra interferencias patronales, difusión interna de compromisos laborales y la habilitación de canales de denuncia anónima, además de mecanismos de queja directa ante el gobierno mexicano. Directivos de la empresa realizaron actos públicos de reconocimiento de prácticas indebidas para asegurar que no habrá represalias por actividades sindicales.
En la aplicación del plan de reparación, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral supervisó las votaciones sindicales y brindó capacitación sobre democracia sindical, mientras que la STPS verificó el cumplimiento mediante visitas a la planta, capacitación a personal sindicalizable y de confianza, presentación de hallazgos de investigación y monitoreo puntual de cada acción.
GC
