El acuerdo de quiebra alcanzado por la farmacéutica Purdue Pharma con la justicia de Estados Unidos, que liberará a los dueños de nuevas demandas, dejó inconformes a autoridades locales, asociaciones civiles y familias, quienes han señalado a la compañía por ser una de las grandes responsables de la crisis de consumo de opiáceos en Estados Unidos.

Los fiscales generales de Connecticut, William Tong, y de Washington, Bob Ferguson, advirtieron que apelarán la reciente sentencia de un juez para autorizar la disolución de Purdue, al considerar que de esta manera no se va a resarcir el daño a las personas que se hicieron adictas, ni a las que perdieron la vida por sobredosis, ni tampoco compensará el sufrimiento de los familiares.

“Esta orden libera a los Sackler (dueños de la empresa) al otorgarles inmunidad permanente frente a demandas a cambio de una fracción de las ganancias que obtuvieron de la epidemia de opioides y envía un mensaje de que los multimillonarios operan con un conjunto de reglas diferentes al resto”, dijo Ferguson.

La farmacéutica Purdue Pharma fue disuelta este miércoles como parte de un amplio plan de quiebra, que también requerirá a los propietarios de la empresa, la familia Sackler, que entreguen 4,500 millones de dólares (mdd) de su fortuna para tratar de controlar la drogadicción en el país.

Además se comprometen a no volver a producir productos farmacéuticos con opiáceos.

El acuerdo fue aprobado provisionalmente por el juez Robert Drain, del Tribunal de Quiebras de White Plains (Nueva York), aunque pidió ajustes del plan, con el que se pondrá fin a miles de denuncias presentadas contra Purdue por gobiernos estatales y locales, hospitales y ciudadanos privados, que culpan a la compañía de una epidemia que ha dejado más de 500,000 fallecidos.

El plan, sin embargo, incluye una polémica condición, con la que se absuelve en buena medida a los Sackler de cualquier responsabilidad aceptada por Purdue relacionada con la crisis opiácea.

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Por lo anterior, el acuerdo ha sido criticado por proteger a esta familia, una de las más adineradas de Estados Unidos, que recibe la protección que normalmente se le concede a empresas que están saliendo de una bancarrota, pero no siempre a dueños que no se declaran en bancarrota, como es el caso de los Sackler.

Según el diario norteamericano New York Times, poco después de la aprobación provisional de Drain, varios estados estaban preparando una apelación.

A cambio de no tener que hacer frente a cargos judiciales, los Sackler han acordado pagar 4,500 mdd en los próximos nueve años, un monto que en gran parte irá a pagar tratamientos de adicción y programas de prevención por todo Estados Unidos.

En la audiencia del miércoles, Drain también expresó su frustración ante el resultado del proceso judicial, que tildó de “amargo”, y señaló que esperaba haber podido conseguir un mayor pago de los Sackler, pero que la mayoría de su dinero está en cuentas extranjeras.

El juez comentó que los costos de un mayor retraso y los beneficios de un acuerdo que describió como “extraordinario” le llevaron a aprobar el plan de quiebra.

El acuerdo sienta un precedente sobre la compensación que debe hacer una farmacéutica a los gobiernos y a las familias que han sufrido la crisis de opiáceos, impulsada en parte por el analgésico altamente adictivo OxyContin, fabricado por Purdue, pero también significa que no se analizará detalladamente el rol de la empresa en la epidemia.

La mayoría de los denunciantes apoyan el plan de quiebra, porque en su opinión ayudará a pagar un problema de drogadicción en Estados Unidos que, además ha empeorado con la pandemia del coronavirus, debido a que ha llevado a un número récord de muertes por sobredosis de más de 93,000 en 2020, cifra que superó por 20,000 casos el registro de 2019. (Con información de EFE)

GC