El paro de labores de la planta siderúrgica de ArcelorMittal, en Lázaro Cárdenas, así como la suspensión de operaciones de la mina en la Tenencia la Mira, también propiedad de la compañía, son situaciones que deben atenderse a la brevedad posible, ya que “infringen el estado de derecho” e impiden la “resolución justa y oportuna de diferencias laborales”.
La organización Empresas Globales —que representa a las compañías internacionales presentes en México— manifestó su preocupación por los paros de labores en las dos unidades productivas de ArcelorMittal, ubicadas en el estado de Michoacán, que comenzaron el 25 de mayo pasado y que no han dado muestras de llegar a su fin, con el consecuente daño económico para la compañía.
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El conflicto se originó por una discrepancia entre ArcelorMittal y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) sobre el pago por reparto de utilidades a los trabajadores, correspondiente al año 2023.
Como medida de presión, el gremio tomó la decisión de parar labores y cerrar las puertas de entrada a las instalaciones de la siderúrgica, así como de la mina.
Sin embargo, la suspensión de actividades de los trabajadores no ha sido reconocida como una huelga existente, de modo que no queda clara jurídicamente la validez legal de estas acciones de protesta.
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“Expresamos nuestra preocupación ante el escalamiento del conflicto que hoy enfrenta ArcelorMittal México con la sección 271 del SNTMMSSRM, el cual está comprometiendo la integridad de más de 8,000 colaboradores, así como la seguridad de las instalaciones y la continuidad operativa de la empresa”, dijo Empresas Globales, a través de un comunicado.
En este sentido, la agrupación empresarial solicitó una pronta intervención de las autoridades, así como la concurrencia de las partes en conflicto para encontrar una solución.
Empresas Globales consideró que el acuerdo entre las partes deberá tener cuatro características: respeto absoluto a la libertad sindical y a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores; cabal cumplimiento al marco normativo nacional e internacional en sus aspectos sustantivos y procesales; salvaguarda de la paz y la armonía, así como de la seguridad y la salud en los centros de trabajo, además de la sustentabilidad y viabilidad económica de las fuentes de trabajo presente y futura de los trabajadores.
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Empresas Globales recordó que “la seguridad jurídica y la preservación del estado de derecho son requisitos indispensables para atraer inversiones”; de modo que en el contexto actual del proceso internacional de relocalización de empresas o “nearshoring”, “México no solo debe competir, sino destacar como un destino confiable y preeminente para el capital internacional”.
GC
