El panel laboral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) que se creó para revisar el caso de la empresa Minera Camino Rojo presentó sus conclusiones finales, en las cuales ratificó que se han violado los derechos de libertad sindical y contratación colectiva de los trabajadores.
El panel de expertos también consideró que la empresa deberá emprender diversas acciones para resarcir el daño, que abarcan desde la reinstalación de trabajadores y pagar indemnizaciones por despido, así como adoptar compromisos sobre neutralidad sindical, una resolución que fue celebrada por la oficina del Representante Comercial del gobierno de Estados Unidos, pero que dejó inconforme al gobierno mexicano, al considerar que la resolución se extralimita en sus alcances legales.
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“El gobierno de México no comparte diversos elementos de la determinación, al estimar que el panel realiza una interpretación del Tratado que excede el texto del T-MEC y los alcances del Mecanismo”, consideró la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de un comunicado.
En particular, los expertos del panel se extralimitaron en lo que se refiere a “estándares probatorios, el análisis de hechos vinculados a conductas de posible naturaleza penal, la atribución de responsabilidades a sujetos distintos del patrón y la referencia a estándares no previstos expresamente en el Tratado”, se quejó la dependencia.
Sin embargo, la STPS reconoció que el panel rechazó la petición del gobierno de Estados Unidos para cancelar una votación sobre titularidad del contrato colectivo de trabajo de los empleados de Minera Camino Rojo y que benefició al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana.
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El panel admitió que carece de facultades para cambiar una resolución judicial de México, por lo que cualquier procedimiento legal que se quiera emprender sobre la titularidad del contrato colectivo de trabajo tendrá que realizarse en los tribunales mexicanos.
El caso sobre Minera Camino Rojo, perteneciente al grupo canadiense Orla Mining y ubicada en Mazamil, Zacatecas, data desde agosto de 2024, cuando el gobierno de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano revisar la situación laboral de la empresa por violación a los derechos colectivos de trabajo.
Detrás de este caso, se encuentra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) —que dirige Napoleón Gómez Urrutia—, quien acusa a la empresa de hostigar a los trabajadores que tienen contacto con su organización y de obligarlos a afiliarse solamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana.
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En la medida en que los gobiernos de México y Estados Unidos tuvieron desacuerdos sobre la atención del caso en la etapa de consultas, la oficina del Representante Comercial estadounidense solicitó en diciembre de 2024 la apertura del panel de expertos para encontrar una solución, el tercero que se abrió en materia laboral dentro del T-MEC.
En sus conclusiones, el panel de expertos consideró que las medidas tomadas por Minera Camino Rojo “fueron insuficientes para remediar las consecuencias de la intervención del empleador en los asuntos sindicales y de las amenazas reportadas por el SNTMMSSRM”, según un comunicado de la oficina del Representante Comercial.
En este sentido, el panel recomendó lo siguiente: una disculpa pública de la empresa, acciones para garantizar neutralidad en el trato a los sindicatos dentro de la empresa, compromisos del patrón para promover y respetar los derechos laborales, reinstalación de trabajadores despedidos, indemnizaciones y compensaciones a los que fueron despedidos y no quieren volver, entrenamiento y medidas de seguridad.
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En sus comentarios, los expertos del panel dijeron también que la empresa debe hacerse responsable de proteger a sus trabajadores de la inseguridad por las actividades criminales.
Además, el panel ordenó que la empresa debe permitir la entrada de los representantes del SNTMMSSRM a sus instalaciones, así como tener contacto con los trabajadores.
GC





