Moody’s Investors Service ratificó la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) en B1, pero revisó su perspectiva de estable a negativa, al considerar que la empresa productiva del Estado enfrenta riesgos, como sus pérdidas en refinación, sus niveles de inversión que siguen bajos y su abultado endeudamiento que implica varios compromisos de pagos en lo inmediato.

La agencia calificadora también consideró en su evaluación las limitaciones de Pemex para acudir a los mercados de capitales, “debido a su riesgo crediticio intrínseco elevado y a la falta de medidas que mitiguen su exposición a los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo”.

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En un reporte emitido hoy, Moody’s dio a conocer su opinión sobre la empresa productiva del Estado, en medio de la polémica que ha provocado en el país un reciente incendio en una plataforma del campo petrolero de Canterell, en el Golfo de México, y la posterior difusión que hicieron organizaciones ambientalistas de un derrame de crudo en las aguas del Golfo, mismo que la compañía se vio obligada a reconocer, si bien con matices, al asegurar que el vertido no fue tan extenso.

La calificación de B1 involucra a toda la “familia corporativa” de Pemex, esto es las calificaciones senior quirografarias de las notas existentes de la compañía, así como las calificaciones sustentadas en la garantía de Pemex.

De momento, la compañía petrolera ha logrado mantener estables la producción y sus reservas de petróleo crudo y de gas, lo que le permite generar ingresos por ventas en el territorio nacional y los mercados externos. Sin embargo, la empresa carece de margen para invertir más en exploración y producción de hidrocarburos, de ahí que su producción será semejante a la actual en los años 2023 y 2024, con lo que su expectativa de generación de ingresos también seguirá igual.

Moody’s destacó la “débil liquidez de Pemex y su alta dependencia del apoyo gubernamental”. La calificadora recordó las declaraciones del gobierno mexicano, que se han traducido en acciones, en el sentido de ofrecer el respaldo financiero necesario que requiera la empresa para cumplir con sus compromisos de pago y sus requerimientos para gastos de operación e inversión.

La calificadora precisó que en 2023, la empresa tiene compromisos de pago por 4,600 millones de dólares (mdd); en 2024, de 10,900 mdd; y en 2025, de 4,900 mdd, para los cuales es altamente probable que el gobierno mexicano financie esas necesidades de dinero.

El problema estará en que la empresa ha manifestado que conservará en lo fundamental su misma estrategia de negocio, lo que implicará que no tendrá mayores fuentes de ingresos para financiar nuevos proyectos de exploración e inversión que le permitan aumentar de manera considerable su producción y sus ventas y, de esa manera, fortalecer su situación financiera.

Moody’s supone que el apoyo del gobierno mexicano seguirá siendo muy alto en 2023 y 2024. Sin embargo, dado que es probable que los fundamentos financieros subyacentes de la compañía sigan deteriorándose en un escenario de falta de cambios en el modelo de negocio actual, Moody’s prevé que, a la próxima administración (que asumirá el cargo a fines de 2024), le resultará cada vez más difícil replicar lo observado en los últimos años”, refirió el reporte.