Los gobiernos de México y de Estados Unidos dieron por cerrada la denuncia laboral contra la planta de la empresa Asiaway Automotive Components México, ubicada en San Luis Potosí, tras haberse atendido las acusaciones por violación a los derechos de libertad sindical y contratación colectiva de los trabajadores.
Los dos gobiernos manifestaron su satisfacción con las medidas de remediación que aceptó aplicar Asiaway en su planta, con el propósito de resarcir a los trabajadores por la denegación de sus derechos, informaron en un comunicado conjunto las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía (SE).
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Entre otras medidas, Asiaway –fabricante de autopartes— firmó una carta en la que se compromete a ser neutral ante la vida sindical de sus trabajadores y también publicó documento con una serie de lineamientos de conducta del personal.
En tanto que la STPS dirigió sesiones de capacitación a los trabajadores sobre los derechos de libertad sindical y contratación colectiva, amparados en la legislación mexicana.
Además, la empresa reinstaló a un trabajador que fue despedido por su activismo sindical.
Sin embargo, el comunicado no incorporó otra medida que consistió en un procedimiento de votaciones sindicales, que se efectuó en noviembre del año pasado.
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La mayoría de los trabajadores de la planta de Asiaway en San Luis Potosí eligió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Servicios en General, Similares y Conexos, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), para que los represente ante la empresa.
Como se informó, la oficina del Representante Comercial del gobierno de Estados Unidos interpuso una denuncia, el 23 de octubre pasado, al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por la presunta denegación de los derechos de libertad sindical y contratación colectiva en la planta de Asiaway.
El gobierno mexicano aceptó a trámite el caso e inició una investigación para conocer la situación laboral de la planta.
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Al cabo de estas investigaciones, la STPS y la SE informaron el 8 de diciembre pasado que efectivamente se encontraron evidencias de “ciertas acciones que pudieron haber constituido una denegación de derechos”, por lo que se acordó con la compañía la aplicación de un plan para corregir la situación.
Este plan y sus resultados prácticos fue notificado al gobierno de Estados Unidos para su información.
GC
