El gobierno mexicano aceptó a trámite la solicitud de revisión que presentó el gobierno de Estados Unidos, sobre la situación laboral de la planta de Autoliv Steering Wheels México, S de RL de CV, ubicada en El Marqués, estado de Querétaro.
En esa unidad productiva se presume la violación a los derechos de libertad sindical y contratación colectiva de los trabajadores, conforme a la notificación oficial que hizo el gobierno estadounidense, el pasado 20 de noviembre, al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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Se trata de la 17 acusación laboral que interpone el gobierno norteamericano contra México en la vida del T-MEC y la número 12 solamente en lo que va de 2023.
Una vez que nuestro país admitió la solicitud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene un plazo de 35 días para investigar la situación de la planta y verificar si efectivamente existió una denegación de derechos, informó la dependencia en un comunicado conjunto con la Secretaría de Economía.
De ser el caso, el gobierno mexicano deberá proponer un curso de remediación e informarlo a sus pares de Estados Unidos.
La referida planta de Autoliv —empresa sueca fabricante de volantes y otras autopartes— se ubica en el Parque Industrial O’donnell Aeropuerto, una relevante zona industrial.
El caso de Autoliv se originó a partir de las quejas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Transformación, Construcción, Automotriz, Agropecuaria, Plásticos y de la Industria en General, del Comercio y Servicios Similares, Anexos y Conexos del Estado de Querétaro “Ángel Castillo Reséndiz”, mejor conocido como Transformación Sindical.
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Según este gremio, la empresa ha impulsado a un sindicato aliado para que se adhieran a él los trabajadores, ha tratado de persuadirlos para que no se afilien a Transformación Sindical, además de que ha despedido a los empleados que ya se incorporaron a sus filas.
Otro motivo de denuncia es la supuesta intervención de la empresa en las votaciones celebradas en junio pasado, para legitimar el contrato colectivo de trabajo, ya que impidió la participación de Transformación Sindical y de los funcionarios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
De esta manera, Transformación Sindical no pudo ejercer su derecho a competir por la titularidad del contrato colectivo de trabajo y la representación de los trabajadores.
Los quejosos llevaron esta relación de hechos al gobierno norteamericano quien, al encontrar elementos suficientes y creíbles, aceptó llevar el caso al Mecanismo laboral de Respuesta Rápida para su atención inmediata.
GC
