Citi apelará el fallo del Juez Septuagésimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México, Mario Salgado Hernández, quien otorgó una medida cautelar a Oceanografía que no permitiría la venta de Banamex.
En un breve comunicado, la institución financiera fundamentó que las providencias precautorias aún no son efectivas, e indicó que no espera que este asunto evite la salida de Citigroup de los negocios de banca de consumo en México.
“Consideramos que no hay bases legales legítimas para que el Juez haya emitido esta medida cautelar, la cual aún no es efectiva, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda.
“Planeamos apelar la medida cautelar y, actualmente, no esperamos que este asunto tenga ningún impacto en el cronograma para la venta de nuestro negocio de consumo en México”, manifestó.
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El posicionamiento se produjo luego de que se conoció que el Juez otorgó a Oceanografía una medida cautelar que frenaría la venta de Banamex, hasta que no se resuelva la demanda interpuesta por la naviera en contra del banco -por un presunto quebranto de 30 mil millones de dólares-, o que deje una garantía de 5 mil 200 millones de dólares.
Según el acuerdo, la providencia precautoria fue concedida con la finalidad de garantizar el resultado del juicio, “mantener la situación de hecho existente o preservar el bien objeto o relacionado con la acción, pudiendo subsistir hasta la sentencia definitiva ejecutoriada, pero si tiene por objeto asegurar el cumplimiento de obligaciones de dar o de hacer, se levantará en caso de ser absuelto el demandado, o después de haberse cumplido la obligación”.
Por lo anterior, instruyó a Citigroup a abstenerse de “realizar la venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes financieros tangibles o intangibles, hasta en tanto no se resuelva en sentencia definitiva el juicio principal”.
El Juez precisó que la institución también debe evitar “realizar acuerdos, asambleas o cualquier otro acto corporativo para vender, donar, usufructuar, o cualquier otra medida que afecte la cartera de clientes activos y pasivos del banco”, así como bienes y servicios que dañen el valor de la institución y su salida del país.
“Dada su finalidad, constituyen herramientas que van a permitir que la materia del litigio se conserve y pueda ser efectiva una sentencia o resolución que resuelva la controversia o el procedimiento, o bien, que se cause un grave daño a una de las partes o al interés social”, señala el mandato judicial.
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El presunto quebranto de 30 mil millones de dólares tiene origen en 2014, luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a la empresa para participar por contratos públicos debido a irregularidades en acuerdos celebrados con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Por lo anterior, el banco procedió a revisar los financiamientos que le otorgó a la compañía naviera y los detalles del programa de cuentas por cobrar. Tras comprobar que Oceanografía había recibido préstamos con falsas facturas por cobrar a Pemex, la institución financiera presentó una denuncia en su contra.
En ese entonces, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una indagatoria contra los directivos de Oceanografía por el desvío de recursos y fraude por más de 585 millones de dólares.
Lo anterior derivó en el aseguramiento de la naviera y en la detención temporal de Amado Yáñez Osuna, dueño de la empresa.
En 2017, el empresario fue liberado bajo fianza y, posteriormente, se levantó el aseguramiento de la compañía, que ya se encontraba en proceso de quiebra y con una flota deteriorada.
De acuerdo con Oceanografía, todo lo anterior le generó cuantiosos daños económicos, de los que Banamex es responsable de 30 mil millones de dólares.
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