La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que inició el proceso de pago a los ahorradores de Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME), que operaba como Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retiró la autorización a la entidad para operar, medida que marcó el inicio de su disolución y liquidación, conforme al artículo 37 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Desde el 9 de junio, cuando la Junta de Gobierno de la CNBV acordó la intervención con carácter de gerencia de CAME, con el propósito de suspender sus operaciones y así salvaguardar los intereses de los ahorradores, precisó que el patrimonio de los clientes estaba cubierto por el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (PROSOFIPO).

“El pago se realizará con recursos del PROSOFIPO, sin utilizar dinero del erario público. Este fondo se integra con aportaciones periódicas de todas las Sofipos y tiene como finalidad proteger los depósitos de los ahorradores.

“Con este esquema, se garantiza la devolución de hasta 25 mil UDIS por persona (aproximadamente $219 mil pesos), lo que permitirá cubrir a más del 99.5% de los ahorradores de CAME, es decir, 169,564 ahorradores” señaló la CNBV.

La autoridad añadió que el proceso de pago será ordenado, transparente y accesible. Los ahorradores podrán hacer su trámite a través de la plataforma electrónica www.fondodeproteccion.mx, o en los centros de atención que, en su caso, se habiliten para este fin.

Asimismo, se puso a disposición de los ahorradores la línea de orientación para resolver dudas y acompañarlos en el proceso:

Teléfonos de atención PROSOFIPO                          

  • 55 53 93 43 26
  • 55 53 93 51 72
  • 55 68 12 80 44
  • 55 68 12 80 43

Teléfonos de atención CAME

  • 55 93 39 86 33
  • 55 93 39 86 34

Páginas web

“La CNBV y el PROSOFIPO reiteran que las autoridades han actuado de manera coordinada, oportuna y apegada a la Ley, con el objetivo de proteger el ahorro de los mexicanos, garantizar la transparencia de los procesos y salvaguardar la estabilidad del sistema financiero popular”, concluyó la Comisión.

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