La empresa Iberdrola tiene planes de desprenderse de sus inversiones en México, entre las cuales destacan unas 15 plantas generadoras de electricidad, al considerar que no existen condiciones de certeza jurídica que garanticen su rentabilidad.
Con el propósito de llevar a la práctica esta decisión, la compañía ha contratado los servicios de Barclays Bank para vender sus plantas, según un reporte del sitio de noticias El Confidencial de España, que cita a fuentes cercanas a la empresa.
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Las unidades productivas que están sujetas a venta son seis parques eólicos, tres parques fotovoltaicos y seis centrales de cogeneración y ciclo combinado, por las cuales Iberdrola ha recibido ofertas de compra de otras empresas de energía, por aproximadamente 4,696 millones de dólares (mdd).
Como se recordará, en abril de 2023, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la “segunda nacionalización de la industria eléctrica” de México, con la compra de 13 plantas eléctricas de Iberdrola por un valor total de 6,000 mdd.
Dichas plantas se encuentran en manos del fideicomiso México Infrastructure Partners (MIP), que tiene el respaldo del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y de la banca privada.
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Al cabo de esa operación de compra-venta, Iberdrola conservó la propiedad de las otras 15 plantas, la mayoría de las cuales son plantas generadoras de electricidad de fuentes renovables y que se ubican repartidas en los estados de Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, San Luis Potosí y Tamaulipas, entre otros.
Iberdrola se vio en la ocasión de vender las 13 plantas al gobierno mexicano, debido a que las políticas estatistas del gobierno lopezobradorista constituyeron un freno al proceso de apertura al sector privado que experimentaba la industria energética nacional.
Ahora, en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la política energética ha consolidado un modelo de participación mayoritaria del Estado en la industria energética, al reservarse en la Constitución una participación de 54% a las empresas del Estado y una proporción de 46% para el sector privado.
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Asimismo, en septiembre del año pasado se aprobó la reforma al Poder Judicial, que introdujo un método de designación de jueces, magistrados y ministros por voto popular, una reforma que ha despertado dudas en el sector privado, ante la imposibilidad de saber cómo trabajarán en la práctica los nuevos juzgadores, sobre todo qué tan independientes serán del gobierno federal para tomar decisiones sobre conflictos que se presenten áreas sensibles como la industria energética.
(Con información del sitio El Confidencial)
GC
