La petición del gobierno de Estados Unidos para instalar un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, con el propósito de atender el conflicto sindical en la Mina San Martín, permitirá resolver de una forma definitiva este caso y también demostrará que la parte patronal no ha incurrido en violaciones a los derechos de los trabajadores.

Así lo aseguró Grupo México –del empresario Germán Larrea Mota Velasco— empresa propietaria de la unidad productiva, ubicada en Sombrerete, Zacatecas.

Te puede interesar: Caso Mina San Martín sube de tono; EU pide a México abrir panel

“La empresa asume este proceso como una oportunidad para que se confirme, de una vez por todas, que nunca ha violado la Ley y menos ha impedido que sus trabajadores ejerzan sus derechos constitucionales a tener un trabajo digno y afiliarse a la organización sindical de su preferencia”, refirió Grupo México en un comunicado.

La oficina del Representante Comercial del gobierno de Estados Unidos solicitó este martes a México la instalación de un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para esclarecer si efectivamente hubo denegación de los derechos de contratación colectiva y libertad sindical en la Mina San Martín.

Con este movimiento, el gobierno norteamericano obliga al gobierno mexicano a resolver el caso de la Mina San Martín, conforme a las reglas del T-MEC, luego de que el 1 de agosto, la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) rechazaron una primera solicitud de Estados Unidos para revisar la situación de la mina, con el argumento de que el conflicto sindical se suscitó antes de la entrada en vigor del T-MEC en 2020 y porque la unidad productiva no exporta mercancías a Estados Unidos.

De momento, el gobierno mexicano no ha reaccionado a la solicitud de Estados Unidos sobre la instalación del panel por el caso de la mina. Sin embargo, Grupo México tomó la delantera al manifestarse abierto a desahogar el caso mediante las reglas del T-MEC y también para defender que el levantamiento de una huelga en 2018 en la Mina San Martín y la reanudación de labores en la unidad productiva se realizó con apego a derecho.

Te puede interesar: Conflicto sindical en Mina San Martín se resolverá en instancias judiciales de México

“Para la Mina San Martín es importante que se ponga punto final a este episodio que desafortunadamente ha perjudicado a muchos trabajadores y a sus familias por más de 15 años y que se confirme una vez más que en ese centro de trabajo no subsiste huelga alguna, ya que es voluntad de los trabajadores continuar laborando”, refirió Grupo México.

La compañía también defendió la legalidad de las votaciones que se celebraron en 2018, derivado de lo cual, los trabajadores eligieron como nuevo representante al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana.

Como se ha informado, el gobierno de Estados Unidos ha llevado al T-MEC el caso de la Mina San Martín, por requerimientos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, organización sindical que estalló la huelga en 2007 y que denunció a Grupo México por violar ese estado de cosas, al haber reanudado la producción en la mina.

Te puede interesar: ¿Cuánto tiempo puede tardar la resolución del panel por el maíz transgénico?

El SNTMMSSRM también denunció a Grupo México por haber auspiciado las votaciones para inducir a los trabajadores a que eligieran a un nuevo sindicato.

La compañía niega todos estos señalamientos y refiere que ha respetado el derecho de los trabajadores a “afiliarse a la organización sindical de su preferencia”.

Asimismo, Grupo México acusa a Gómez Urrutia de promover sus propios intereses en este conflicto para conseguir “dos objetivos: un nuevo pretexto para ignorar el laudo definitivo que lo condena a pagar 55 millones de dólares más rendimientos acumulados desde 2005 a extrabajadores mineros y generar conflictos para presionar por un nuevo cargo político que le dé fuero”.

La compañía también manifestó su confianza en que las autoridades mexicanas, que cooperarán con Estados Unidos en este caso, actuarán apegadas a derecho para resolver el conflicto en la unidad productiva, en beneficio de la empresa pero también del municipio de Sombrerete, cuya economía está ampliamente ligada a la Mina San Martín.

GC