El gobierno de Estados Unidos solicitó a sus pares de México revisar la situación laboral en la planta de Pirelli Neumáticos, ubicada en Silao, Guanajuato, por la presunta denegación de los derechos de libertad sindical y contratación colectiva.
Se trata de la denuncia número 26 que la oficina del Representante Comercial del gobierno de Estados Unidos interpone contra una empresa ubicada en nuestro país, bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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En el origen de la denuncia está la intención de los trabajadores de la planta de Pirelli para que sus relaciones laborales con la empresa se rijan por el Contrato Ley de la Industria del Hule, que concede condiciones de trabajo superiores a las que ofrece el contrato colectivo de trabajo de empresa que tienen en la actualidad.
Ante las dificultades que han enfrentado los trabajadores para conseguir este objetivo, la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) llevó el caso de Pirelli a las autoridades norteamericanas, con la intención de alcanzar una solución a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
Se trata del segundo caso laboral que se procesa a través del T-MEC relativo a la industria del hule, después de la acusación contra la planta de Goodyear de San Luis Potosí, cuyos trabajadores demandaron ser incorporados al Contrato Ley.
“Al tratarse del segundo asunto relativo al Contrato Ley de la Industria del Hule de México que llega al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, el caso de Pirelli demuestra que esta herramienta despierta la conciencia de los trabajadores del sector sobre sus derechos laborales y constituye un camino para atender sus preocupaciones”, aseguró Katherine Tai, representante Comercial de Estados Unidos, citada por un comunicado.
Una vez evaluada la petición de LSOM, las autoridades norteamericanas encontraron que existe “evidencia de la denegación de derechos, lo que habilita la invocación de buena fe de la aplicación del Mecanismo”, agregó la oficina del Representante Comercial en su comunicado.
El gobierno mexicano tiene un plazo de 10 días para considerar si acepta a trámite el caso y, en caso de hacerlo, tendrá 45 días para hacer una investigación en Pirelli y, de ser necesario, proponer un plan de remediación.
GC





